Añadió que “En estos momentos, lo que se está proponiendo desde las empresas son supuestos “planes de viabilidad” que no tienen más recorrido que la reducción de costes, poniendo en primera línea de ese recorte los puestos de trabajo y por consecuencia la pérdida de calidad de los productos. “
Culpo de parte de la situación actual de las empresas a su mala gestión que “en momentos de fuertes ingresos, impulsó proyectos y expansiones poco meditadas, para las cuales nunca se contó con la opinión del personal de las empresas; que en muchos casos temió por las consecuencias de esas aventuras. Desgraciadamente, no se han equivocado.”
Asimismo remarcó que “Las empresas han sido las únicas responsables de sus estrategias editoriales y comerciales como le corresponde por la legislación; ahora se pretende que solo los trabajadores paguemos por sus aventuras e incapacidades de sus directivos.”
Reprochó a la administración de haber “cerrado los ojos y consentido un prolongado fraude de la mayoría de las empresas periodísticas a la Seguridad Social; empresas que al mismo tiempo que se nutrían de generosas subvenciones oficiales vulneraban de forma consciente y reiterada sus obligaciones laborales.
Al mismo tiempo que intentaban apropiarse mediante extorsión de los derechos de autoría de los profesionales de la información; sobre todo de los periodistas a la pieza y los freelancers.”
Por último señaló que es imprescindible terminar con la precariedad laboral y profesional si se pretende un periodismo digno y con futuro; para lo cual marcó como necesario que:
- Las empresas deben asumir su responsabilidad social como mediadores de un derecho fundamental y sus responsabilidades como empleadores.
- Las facultades, que lo estén haciendo, deben dejar de suministrar mano de obra gratuita.
- La autoridad laboral debe dejar de mirar hacia otro lado ante las empresas que vulneran los derechos de los trabajadores.
- La administración debe impulsar causes legales para regular la profesión siguiendo los modelos existentes en otros países y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Como obliga la Constitución Española y el Estatut de Cataluña.
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