LONDRES.- El 8 de mayo de 2009 pasará a los anales como la fecha en que un scoop periodístico hizo temblar los cimientos mismos de Westminster, el corazón de la democracia británica. Aquel día, el diario The Daily Telegraph comenzó un relato sobre el uso y abuso del dinero público por parte de diputados británicos, que amenaza con guillotinar a una parte de la clase política. Pero el verdadero epicentro de este seísmo es la investigación emprendida hace ya un lustro por una periodista freelance, Heather Brooks, que quiso desafiar la falta de transparencia del sistema, según 'El País'.
Brooks, periodista estadounidense de origen británico, ha agotado todos los mecanismos de los que dispone el ciudadano en este país -al menos, sobre el papel- para forzar a la Cámara de los Comunes a divulgar qué uso hacen sus miembros del dinero del contribuyente.
Hasta que en mayo pasado, la High Court, la máxima instancia judicial británica, falló a su favor, conminando al Parlamento a difundir esa información que se empecinaba en retener en aras de la "privacidad" y la "seguridad".
Cuando ya estaba previsto que los datos tan largamente perseguidos salieran a la luz pública -debía haber ocurrido en julio próximo-, el Telegraph se adelantó al publicar la primicia de la investigación.
Brooke empezó a trabajar en este asunto aquel día de 2004 en el que telefoneó a la Cámara de los Comunes para requerir información sobre los gastos de los diputados. Apoyó su demanda en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), aprobada cuatro años antes, pero todavía en fase de aplicación.
Ahí pudo corroborar que las cosas no funcionaban como en el Estado de Washington, donde ella se había estrenado profesionalmente con un artículo sobre el uso personal que los legisladores americanos hacían de los fondos públicos: los recibos requeridos entonces le fueron facilitados de inmediato en Estados Unidos.
Por el contrario, en el reino de Su Graciosa Majestad, donde se instaló años más tarde por motivos familiares, la misma demanda recibió una respuesta negativa de Westminster. Le garantizaron que harían públicos esos datos unos meses después; pero no lo cumplieron, amparándose en complejas cuestiones técnicas.
Brooke siguió estrictamente los pasos que brinda la ley y acudió al funcionario encargado de arbitrar esas cuestiones, Richard Thomas, una personalidad supuestamente independiente, "pero designada y pagada por el propio Gobierno".
La periodista no esperaba imparcialidad; y no la tuvo. En ese punto de su lucha contra los molinos de viento, esta mujer resuelta de 38 años constató que no estaba sola en su empeño por demostrar que la transparencia es inherente al sistema democrático: otros dos periodistas de The Sunday Telegraph (Ben Leapman) y de The Sunday Times (Jonathan Ungoed-Thomas) buscaban las mismas respuestas.
Y, sobre todo, el abogado Hugh Tomlison le ofreció sus servicios -sin cobrar honorarios- para llevar su causa a la justicia. La vista celebrada en febrero de 2008 dejó claro que "la estrategia elegida por el Gobierno" pasaba por lanzar a un ejército de abogados dispuestos a dilatar el proceso, "a hacerlo largo y tedioso hasta lo insoportable", dice Brooks.
Aunque el tribunal censuró el sistema de gastos parlamentarios, el juicio no consiguió cerrar la cuestión. El speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, decidió apelar ante la High Court, en contra de la opinión de sus asesores legales. De aquella tensa audiencia de mayo pasado, Brooke retiene la declaración del responsable de la Oficina de Gastos del Parlamento, Andrew Walter, proclamando que "la transparencia puede dañar la democracia".
Al final, los jueces dictaminaron que su demanda era justa y respondía al "interés público".
Un año después de aquella sentencia, los reportajes del Telegraph han provocado la dimisión de Martin, el primer presidente del Parlamento británico que renuncia al cargo en sus más de 300 años de historia. El gesto ha sido interpretado como consecuencia de su incapacidad para lidiar con el escándalo destapado por el Telegraph, pero sus amigos reconocen que fue el caso Brooke el que sentenció al personaje.
Dos días atrás, el diputado Stuart Bell salía en defensa de Martin denunciando que "fuentes del mayor alto rango" le presionaron para plantar cara en la High Court a la periodista, con un (hoy) injustificable coste para el contribuyente de 150.00 libras.
"¡El diario se va a llevar todo el crédito!", fue la reacción emocional de Brooke, súbitamente despojada del papel de heroína, al leer en las páginas del Telegraph las primeras entregas del culebrón. ¿Cómo habría conseguido los datos? Todo el mundo da por hecho en el Reino Unido que el periódico lo hizo a base de talonario, comprando el disquete informático que pormenoriza los gastos.
Una reflexión sosegada ha convencido a Brooke de que sólo esa difusión periodística podía suplir "el derecho del público a saber toda la verdad". Esta periodista freelance milita a favor del derecho del ciudadano a exigir información de los poderes públicos -ha escrito un libro sobre ello, Your Right to Know (Tu derecho a saber)-. Ni siquiera está segura de que los parlamentarios habrían cumplido con la promesa de publicar los datos en julio.
Heather Brooke ha encajado que el Telegraph no haya dedicado una sola línea a su campaña personal y sigue defendiendo el periodismo de investigación como un resorte de control de los poderes públicos, "de su tentación de no rendir cuentas al ciudadano". Ahora sopesa si acepta la oferta de dos productoras americanas para llevar su combate al cine.
Y sigue reivindicando un tipo de periodismo que casi da por extinguido: "Los medios aducen que la gente sólo quiere leer sobre los famosos y hoy es difícil convencerles para que inviertan en esos artículos que son el mejor antídoto contra la corrupción y el abuso de poder".
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