domingo, 5 de julio de 2009

Chávez cierra 285 emisoras y avisa de que 'combatirá los delitos mediáticos' en Venezuela

CARACAS.- El gobierno de Hugo Chávez le aprieta las tenazas a la prensa independiente y a los periodistas. Ha anunciado que revocará la concesión a 285 emisoras de radio y televisión, reformará la ley del periodismo y propondrá una ley que penalice los supuestos “delitos mediáticos”.

El ministro de Obras Públicas y Vivienda, y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, anunció que revocará el permiso a 240 emisoras de radio AM y FM, así como de 45 televisoras de señal VHF y UHF en toda Venezuela por no haber cumplido con los requisitos legales durante el proceso de actualización de datos.

Cabello afirmó que no habrá prórroga para la actualización de licencias cuyo plazo venció el 29 de mayo. Dijo que las primeras 86 estaciones de radio “deberán cesar sus transmisiones por no actualizar sus datos”.

La Cámara de Radiodifusión venezolana señaló que en el país hay 425 emisoras, de las cuales 150 transmiten en frecuencia AM y 275 en FM. Hay otras que no se encuentran afiliadas. También hay 250 radios comunitarias, la mayoría simpatizantes chavistas y entre 50 y 80 financiadas por el gobierno.

El ministro Cabello dijo que “nadie diga que no se les avisó de esta medida. Aquellos que no se pasaron por Conatel se les abre un procedimiento administrativo para la restitución por parte del Estado o la recuperación de todas estas concesiones”.

Cabello también anunció el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios por supuesta “publicidad engañosa” a todos aquellos canales de televisión y radioemisoras que han transmitido los avisos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice, y la ONG Asoesfuerzo, relacionados con la defensa de la propiedad privada.

Estos avisos son unas encuestas sobre la opinión que tiene la gente de a pie sobre la propiedad privada que se encuentra amenazada por las reformas socialistas que impulsa el gobierno, que según Conatel estaría “alterando el orden público e incitando al odio”.

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