CASTELLÓN.- El presidente de la Asociación de Periodistas de Castellón (APC), Basilio Trilles, ha presentado cuatro escritos en nombre de su junta directiva en los registros de la Subdelegación del Gobierno, la sede de la Generalitat valenciana en Castellón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, dirigidos al presidente del Gobierno, a los presidentes de la Generalitat y de la Diputación, así como al alcalde de Castellón, en los que solicita la "urgente" adopción de medidas que "ayuden a superar la gravísima crisis por la que están atravesando los medios informativos, y que ha generado un importantísimo número de despidos de profesionales durante los últimos meses".La APC ha trasladado al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la necesidad de que acometa "una rápida actuación gubernamental, que vaya en la línea del paquete de medidas aprobadas en Francia por el presidente de Sarkozy, porque está teniendo efectos beneficiosos entre nuestros colegas galos, cuyos niveles de desempleo están siendo contenidos".
Según recoge el escrito de la APC, "ayudando a las empresas, también se ayuda a sus trabajadores y trabajadoras, máxime cuando en estos momentos el crédito sigue cerrado, cada día hay más problemas de liquidez y el ímprobo esfuerzo de las líneas ICO está sirviendo para bien poco, porque los bancos tienen la última palabra y administran los fondos públicos a su libre albedrío, un error de planteamiento reconocido por la propia ministra de Economía".
Entre el paquete de medidas que la APC cree que el presidente Rodríguez Zapatero debe adoptar "de inmediato" se encuentra "la regulación del procedimiento de asignación de la publicidad institucional, porque consideremos que de la misma forma que las administraciones públicas invierten en distintos sectores del sistema productivo, debe destinarse una cantidad de los presupuestos generales del Estado a la inserción de publicidad institucional en los medios para ayudar a la financiación de las empresas periodísticas y mantener debidamente informados de la acción de Gobierno a la ciudadanía".
La APC considera igualmente "imprescindible" el "establecimiento de unos criterios objetivos y razonables a la hora del reparto de la publicidad institucional, de forma que todos los medios se puedan beneficiar en mayor o menor medida de la misma".
"Esta regulación, que debería quedar legislada, es fundamental que afecte al conjunto de las administraciones, porque ayudará a romper con una viciada práctica que en el argot periodístico denominamos 'el pesebre'", añadió.
Esta asociación profesional de Castellón recordó que "con dinero público, procedente de los impuestos de los contribuyentes, suele primarse a medios considerados amigos, tejiendo arbitrarios vetos sobre aquellos a quienes se cree hostiles o, simplemente, críticos. Ésta es una realidad que vivimos diariamente".
La Asociación de Periodistas de Castellón se ha dirigido en idéntico sentido a los presidentes Camps y Fabra y al alcalde Fabra, desde el convencimiento de que "la publicidad institucional supone un eficaz instrumento de financiación para los medios informativos privados, que en ningún caso debe ser utilizado de forma discrecional, como fórmula de premio o castigo".
Según dijo, "se debe salvaguardar el derecho de todos los medios privados a poder recibir financiación pública, así como el derecho de sus lectores, oyentes y televidentes a estar convenientemente informadossobre la acción de gobierno que impulsan las diferentes administraciones públicas".
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