domingo, 26 de julio de 2009

La Asociación de Periodistas de Salta repudia las amenazas a periodistas

SALTA.- Con la firma de Elena Corvalán y Andrés Gauffin, presidente y secretario, respectivamente, la Asociación de Periodistas de Salta (APES) ha emitido hoy un comunicado mediante el que repudia las amenazas de muerte recibidas por periodistas de las localidades argentinas de Orán y Tartagal.

APES insta a la administración de justicia a que investigue estos hechos y llegue a un pronto esclarecimiento. Asimismo, reclama a las autoridades políticas que tomen las medidas necesarias para “garantizar la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a la información, así como la seguridad física de los colegas amenazados”.

De acuerdo a este comunicado, en Tartagal las amenazas de muerte fueron dirigidas al propietario del canal de cable Video Tar, Mario Andreani, y a dos periodistas de este medio, Mabel Carrizo y Julio Marín. En Orán las amenazas fueron contra el periodista Samuel Huerga, de radio NOA y corresponsal de Nuevo Diario.

El 2 de julio el operador de Video Tar recibió tres llamadas con amenazas de muerte a Carrizo, Marín y Andreani. Por la noche un llamado advirtió que iban a quemar el canal. Andreani hizo la denuncia en la Comisaría 42 de Tartagal.

Estas amenazas ocurrieron poco después de que el intendente Sergio Leavy (FPV) convocara a una conferencia de prensa, el mismo 2 de julio, para anunciar la suspensión de la obra pública, decisión por la que indirectamente responsabilizó a Video Tar, por haber difundido un informe sobre presuntas irregularidades en la obra publica municipal. Tanto Andreani como Marín vincularon las amenazas con la difusión de este informe.

El 3 de julio los directivos de Video Tar recibieron una notificación de la municipalidad objetando la salida de emergencia, porque da a un espacio público. Andreani dijo que es así, pero que cuando se construyó el nuevo edificio presentaron todos los papeles y planos a la municipalidad y no hubo objeciones, y atribuyó esta notificación a una pretensión de acallarlos. El 14 de julio desconocidos manipularon una caja amplificadora del canal y dejaron sin señal al sector sur de la ciudad de Tartagal. Andreani dijo que esto tuvo que ser realizado por alguien con conocimientos técnicos.

Leavy negó haber responsabilizado al canal por la suspensión de la obra pública, pero dijo que los responsables del canal editan las notas para hacerle decir cosas que no dijo y que hará una presentación en el COMFER. También argumentó que los directivos de Video Tar están molestos con la intendencia desde el 22 de junio, cuando el canal de aire municipal comenzó sus emisiones de prueba. Andreani dijo que la apertura de este canal no afecta a Video Tar, que es por cable, y que comparte que se lance un canal de televisión comunitario.

Las amenazas de muerte contra Huerga ocurrieron el 23 de julio y al día siguiente el periodista denunció el hecho en la Fiscalía Penal Nº 2 de Orán. Huerga relacionó las amenazas con la cobertura que realizó del conflicto gremial en el Ingenio y Refinería San Martín de El Tabacal.

En tres llamadas a su teléfono móvil particular, realizadas por una voz masculina, y cinco mensajes de texto, le advirtieron que iba a ser asesinado por “zurdo”. En uno de los mensajes hicieron mención de que iba “a visitar a Fabián Pereyra”, el joven guaraní que fue muerto en septiembre de 2006 por guardias de la seguridad privada del Ingenio San Martín de El Tabacal.

El año pasado, durante otro conflicto en El Tabacal, Huerga también fue amenazado. El periodista dijo que en esa ocasión, a pesar de que aportó el número de teléfono desde el cual recibió las amenazas, el hecho no fue investigado.

APES reitera su preocupación por el grado de intolerancia con las opiniones divergentes y hace un llamado a las autoridades judiciales y políticas para que extremen sus esfuerzos para garantizar el respeto por la libertad de expresión, de prensa y el derecho a recibir información oportuna y veraz.

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