viernes, 31 de julio de 2009

Venezuela presenta un proyecto de ley de prensa con penas de cárcel

CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley sobre delitos mediáticos que incluye penas de cárcel para los profesionales de la información que la infrinjan.

En su exposición ante los diputados, Díaz pidió que el Estado regule la libertad de expresión y el comportamiento de los medios de comunicación. "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión", aseguró.

Si bien reconoció que se trata de un derecho, Díaz subrayó: "En el marco del derecho de los venezolanos, todo tiene un límite".

"Reclamo que se le ponga un límite a ese derecho", agregó. Según el proyecto de ley publicado este jueves por la prensa local, se podría sancionar hasta con cuatro años de cárcel a los infractores de esta ley.

El borrador de la ley explica que una persona que divulgue una información considerada "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental", habrá incurrido en un "delito mediático" y podrá ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.

Para la fiscal, el "ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información" enfrenta al Estado a "nuevas formas de criminalidad".

"Los medios no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles (...) no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad. Por el contrario deben cumplir una función educativa", resaltó.

Entre los delitos tipificados se incluye "la negativa a revelar información" y la "omisión voluntaria de suministrar información", que chocarían con el derecho de protección de las fuentes periodísticas, un comportamiento que puede merecer penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.

El Colegio Nacional de Periodistas fustigó en un comunicado el proyecto por considerar que "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas" y sostiene que busca "amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

Sin embargo, para la fiscal, que confió en que este proyecto de ley contará con el apoyo del Parlamento --controlado por el oficialismo-- está en juego la libertad de expresión frente la seguridad de la nación. "Si lo colocamos frente a la libertad de expresión debe prevalecer la seguridad de la nación", zanjó.

Además de esta ley, el gobierno del presidente Hugo Chávez estudia modificar otras normas que afectarán el oficio periodístico, como la ley de Telecomunicaciones o la de televisiones por cable. Numerosos medios de comunicación privados han denunciado una arremetida legal contra la prensa crítica con el proyecto político de Chávez.

En 2007, el gobierno venezolano no renovó la concesión a la televisión privada RCTV, muy crítica con el ejecutivo. Otra televisora privada, Globovisión, ha sido directamente amenazada de cierre en estas semanas por las autoridades venezolanas.

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