La comisión de Constitución -presidida por la oficialista Mercedes Cabanillas- presentó esta semana un proyecto que establece nuevas condiciones a las rectificaciones de prensa, incluyendo a las páginas de internet, que señala que un medio de prensa debe responder civilmente en juicios por difamación.
Adicionalmente el proyecto establece que un medio tiene la obligación de publicar las rectificaciones en tres días y no diez como está establecido en el Código Penal actual.
La reacción de rechazo por parte de la oposición fue inmediata.
El proyecto "es una forma de decirle a los periodistas 'cuidado que les vamos a caer con todo por ventilar líos internos y noticias sobre copamiento en el Estado'", dijo el opositor Víctor García Belaunde, en referencia a un tema muy tratado en los últimos días por la prensa en el sentido de que el oficialista APRA acapara todos los puestos estatales.
Otro opositor, el congresista Raúl Castro, dijo que "se quiere poner en jaque a la prensa, la libertad de expresión y la potestad de informar con libertad. Prefiero una prensa exagerada e imparcial a una prensa que permanece de rodillas, coactada y con opinión doblegada por temor a pagar una indemnización".
Al abogado José Alejandro Godoy, citado por el diario La República, le llamó la atención que el Gobierno haga mención a la información en la 'web' señalando que "la mayoría de 'blogs' con éxito en internet son críticos del gobierno", mientras recordó que en días pasados el presidente peruano, Alan García, se quejó de cómo era tratado por los 'blogs'.
"Un proyecto es un proyecto, no es una versión final. La comisión puede decir 'no es viable o sí es viable' o ' hay que rescatarle solamente estos puntos, pero otros no'", se defendió la congresista Cabanillas.
El proyecto generó duras críticas en la gran mayoría de los medios, que se refieren a éste como 'ley mordaza' y con ironía a Cabanillas, llamada en una época 'la dama de hierro' y hoy convertida por esta iniciativa en 'la dama del yerro'.
Se trata de "meterle miedo al periodista y darle armas al propietario para controlar la información, opinión o pregunta del periodista o despedirlo para evitar problemas", dice en su columna el analista Augusto Álvarez Rodrich.
Más virulento, el director del diario Correo, Aldo Mariátegui, opinó que al determinar la responsabilidad automática del medio "viene cualquier juez descriteriado o manipulado y te embarga la máquina, los vehículos, la señal, las antenas, la retransmisora o la tinta, no te deja salir una semana y te hunde el medio. ¡La fórmula perfecta para un dictador!".
Otra objeción que se hace es que la legislación sobre rectificaciones no solamente ya existe sino que se ha demostrado que funciona: en un sonado caso, la popular presentadora de la televisión peruana Magaly Medina cumplió tres meses en prisión por difamación y deberá rectificar, en un plazo judicial, un informe que dio sobre el futbolista Paolo Guerrero. De lo contrario volverá a la cárcel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario