martes, 22 de septiembre de 2009

La controvertida ley de medios argentina llega al Senado para su sanción

BUENOS AIRES.- Una ley de comunicación que limita los monopolios audiovisuales, impulsada por el gobierno argentino, llegó el martes al Senado para su sanción, mientras la oposición pide ampliar el debate en comisiones y califica al proyecto como una amenaza a la libertad de prensa.

"Había consenso con legisladores del oficialismo para que el proyecto sea girado a cuatro comisiones en el Senado, pero recibieron órdenes del gobierno para que se trate sólo en dos comisiones", se quejó el martes el senador opositor socialdemócrata Gerardo Morales.

La iniciativa, aprobada el pasado jueves en Diputados con apoyo de bloques de centroizquierda, será analizada en las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, y en la de Presupuesto, ambas presididas por el oficialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La oposición cuestionó la demora para girar el proyecto al Senado, que atribuyó a una maniobra del gobierno para evitar que el vicepresidente y titular del Senado, Julio Cobos, enfrentado con la mandataria Cristina Kirchner, decidiera ampliar el espectro de discusión en la cámara alta.

Es que Cobos se encuentra a cargo de la presidencia desde el sábado por el viaje de Kirchner a Nueva York para disertar en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que delegó la responsabilidad sobre la ley en un senador del oficialismo, que planea llevarla a debate en el recinto el 7 de octubre.

La norma aprobada en Diputados garantiza el acceso a un tercio del espectro audiovisual a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y el resto se reparte entre el Estado (medios públicos) y los medios privados comerciales.

Entre sus puntos más polémicos, prohíbe que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona, y obliga a las empresas a deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de un año, un artículo que la oposición adelantó que intentará modificar en el Senado.

Además, veta el ingreso de las empresas telefónicas al negocio de la televisión por cable, y crea una comisión autárquica que tendrá la autoridad de aplicación de la nueva ley con siete representantes, dos del Ejecutivo, tres del Congreso, y el resto de entidades independientes.

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