BRUSELAS.- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condena con toda firmeza el frío asesinato de Diego Rojas Velásquez, reportero y camarógrafo de Supía TV. El periodista fue acribillado a balazos tras recibir una cita para cubrir una noticia, en el municipio de Caramanta, en Antioquía, situado en el departamento de Caldas.
"Esta nueva muerte vil de un periodista en Colombia, por quinta vez en lo que va de año", ha declarado Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER (Federación Colombiana de Periodistas) y vicepresidente de la FEPALC (Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe), "no sólo enluta al periodismo colombiano, sino que vuelve a mostrar el trecho que nos queda por recorrer, hasta que los trabajadores de la información puedan ejercer su oficio seguros y sin que sus vidas estén en peligro".
Desde la oficina del Centro de Solidaridad de la FIP en Bogotá (CESO-FIP), que dirige Márquez, señalan la multiplicidad de las amenazas que pesan contra los periodistas colombianos, que incluyen a grupos armados y paramilitares, delincuentes y traficantes de droga, pero también -en otros casos- a determinados miembros de la fuerza pública, funcionarios y ex funcionarios.
"El trabajo de CESO-FIP ha contribuido a mejorar la seguridad de los periodistas en aquel país?, ha declarado Paco Audije, Secretario General Adjunto de la FIP, ?pero sigue habiendo ataques y asesinatos que nos alertan sobre el nivel de impunidad existente. Las autoridades tienen que tenerlo en cuenta cada vez que pedimos protección para nuestros colegas en aquel país".
El alcalde de Supía, de donde era originario el asesinado, ha dicho en el Diario La Patria que "hasta el momento se desconocen los móviles y autores materiales del asesinato y que no se conocían amenazas que hubiese recibido el periodista".
Tanto la FIP como la FEPALC exigen una investigación auténtica y lo más rápida posible, para que este execrable crimen no quede impune y sus autores materiales e intelectuales sean identificados, procesados y castigados.
"Esta nueva muerte vil de un periodista en Colombia, por quinta vez en lo que va de año", ha declarado Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER (Federación Colombiana de Periodistas) y vicepresidente de la FEPALC (Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe), "no sólo enluta al periodismo colombiano, sino que vuelve a mostrar el trecho que nos queda por recorrer, hasta que los trabajadores de la información puedan ejercer su oficio seguros y sin que sus vidas estén en peligro".
Desde la oficina del Centro de Solidaridad de la FIP en Bogotá (CESO-FIP), que dirige Márquez, señalan la multiplicidad de las amenazas que pesan contra los periodistas colombianos, que incluyen a grupos armados y paramilitares, delincuentes y traficantes de droga, pero también -en otros casos- a determinados miembros de la fuerza pública, funcionarios y ex funcionarios.
"El trabajo de CESO-FIP ha contribuido a mejorar la seguridad de los periodistas en aquel país?, ha declarado Paco Audije, Secretario General Adjunto de la FIP, ?pero sigue habiendo ataques y asesinatos que nos alertan sobre el nivel de impunidad existente. Las autoridades tienen que tenerlo en cuenta cada vez que pedimos protección para nuestros colegas en aquel país".
El alcalde de Supía, de donde era originario el asesinado, ha dicho en el Diario La Patria que "hasta el momento se desconocen los móviles y autores materiales del asesinato y que no se conocían amenazas que hubiese recibido el periodista".
Tanto la FIP como la FEPALC exigen una investigación auténtica y lo más rápida posible, para que este execrable crimen no quede impune y sus autores materiales e intelectuales sean identificados, procesados y castigados.
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