El Ejecutivo comunitario ya lanzó el pasado mes de diciembre una investigación en profundidad sobre la financiación de RTVE por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a las televisiones privadas y a las telecos podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Bruselas ha pedido al Gobierno que no use estas tasas para financiar la televisión pública hasta que no concluya la investigación.
"Ya he expresado mis dudas sobre la tasa a las telecos en varias ocasiones", afirmó la comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, en un comunicado. "No sólo parece incompatible con las reglas europeas sino que afecta a un sector que ahora es uno de los principales motores del crecimiento económico", señaló.
"Además, existe un riesgo claro de que se repercuta sobre los usuarios en un momento en el que estamos intentando reducir sus facturas recortando las tasas de terminación y el coste de las llamadas de móvil, la transferencia de datos y los mensajes de texto en itinerancia", insistió Reding.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Las autoridades francesas tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si no convencen al Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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