jueves, 7 de enero de 2010

El Supremo mexicano sostiene que fotografiar a presuntos delincuentes socava sus derechos

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de México manifestó su desacuerdo con la práctica habitual en el país de fotografiar a personas que no han sido puestas a disposición de la Fiscalía, pese a estar detenidas o ser presuntas responsables de algún delito.

En una tesis aislada aprobada por la Sala Primera de la Corte, los magistrados consideraron que esas imágenes pueden violar "los derechos a la honra y a la dignidad" garantizados en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que tratar así a personas sobre las cuales hay solo órdenes de localización y presentación "menoscaba o restringe derechos de la persona" a su propia imagen y a que sus datos sean tratados de forma confidencial o publicados únicamente con su consentimiento.

"Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa", señala la tesis.

De los cinco magistrados de la sala, solamente uno se mostró contrario al fallo que preparó José Ramón Cossío Díaz y que avalaron los otros cuatro letrados.

La exposición pública de delincuentes recién arrestados es una práctica habitual en México, donde las autoridades han librado en los últimos tres años una lucha frontal contra el crimen organizado.

Incluso las fuerzas de seguridad han recreado operaciones contra los criminales, como sucedió el 9 de diciembre de 2005, cuando miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hicieron un "simulacro" para que la televisión pudiera grabar el arresto de presuntos delincuentes de la banda de "Los Zodíaco", entre quienes estaba la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de cárcel.

El presidente de México, Felipe Calderón, considera la lucha contra los cárteles de la droga una de sus principales prioridades y ha prometido que la estrategia continuará como hasta ahora, pese a que más de 16.000 personas han sido asesinadas de forma violenta durante sus tres años de Gobierno.

En muchos casos las acciones han derivado de la presión del Ejército, la Marina y la Policía Federal contra el crimen organizado en México, pero también fueron consecuencia de las luchas intestinas entre grupos rivales de los cárteles de la droga.

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