miércoles, 27 de enero de 2010

RedSOStenible denuncia en una carta a las asociaciones de jueces el "atentado" de la 'ley anti-piratería' en España

MADRID.- La plataforma RedSOStenible, creada por la Asociación de Internautas, ha dirigido una carta a todas las asociaciones juciciales, así como a todos los jueces y magistrados españoles para denunciar la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, por considerarla un "atentado" contra la separación de poderes.

RedSOStenible --compuesta por un grupo formado por profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, y trabajadores de toda condición-- considera que la iniciativa gubernamental para frenar las webs de descargas puede "poner en riesgo libertades y derechos fundamentales" consagrados en la Constitución Española.

Según la plataforma, "la Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web".

Dicha previsión, denuncian, "puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el artículo 20.5 de la Constitución Española, de acordar el secuestro de cualquier medio de información". Así, la plataforma sostiene en su carta que esta norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, "de la configuración constitucional de la Libertad de Expresión".

En su misiva, Red SOStenible recuerda que los conflictos en materia de propiedad intelectual han de ser resueltos ante la jurisdicción civil/mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen "mecanismos ágiles" para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

A su entender, el procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al poder judicial de la posibilidad de "sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego", si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

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