miércoles, 30 de junio de 2010

La SIP condena la censura y la restricción a la cobertura periodística en Puerto Rico

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la "censura aplicada por el Senado" de Puerto Rico a la labor de los periodistas y fotógrafos del país, "limitando el acceso y el derecho" de sus ciudadanos a la información pública.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, expresó su sorpresa con la medida del Senado puertorriqueño por ser el "propio cuerpo legislativo el que viola preceptos sobre acceso irrestricto de la prensa a los procesos públicos".

Esos preceptos, informó la SIP, están garantizados en "la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que rige en el país".

"Confiamos en que los legisladores levanten la restricción", dijo Aguirre en un comunicado.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, el pasado 23 de junio restringió el ingreso de los fotoperiodistas al recinto donde los legisladores discutían importantes medidas, según la SIP.

Al día siguiente la medida fue extendida a los periodistas, a quienes también se les prohibió la entrada al Congreso.

El veto a la prensa lo habría impuesto Rivera Schatz -según argumentó- para proteger la "imagen" de los senadores.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, director editorial del San Antonio Express-News de Texas, dijo que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa "no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".

"Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos la información generada por el sector público" y "la censura previa, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa", enfatizó Rivard.

Los principales medios de comunicación de Puerto Rico, organizaciones de periodistas y de derechos civiles, consideraron la acción del titular del Senado como un "atentado contra la libertad de prensa y contra los derechos de los ciudadanos a conocer la gestión pública".

En una declaración conjunta exigieron la suspensión de la orden, informó la SIP.

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