La titular de la entidad humanitaria, Estela de Carlotto, consideró además que Herrera de Noble busca "obstruir" a la Justicia luego de la presentación que hizo días atrás el abogado de los hermanos Marcela y Felipe Noble para recusar a la magistrada de la causa, Sandra Arroyo Salgado.
"Con indignación, observamos que la estrategia de la defensa de Herrera de Noble apunta a derribar la actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos en éste y en todos los casos de apropiación de niños durante la dictadura", añadió en un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.
Las declaraciones de la entidad, impulsora de la causa, se produjeron después del allanamiento realizado el pasado viernes en la casa de los hermanos para obtener material genético en la investigación que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado.
Tras el allanamiento, Marcela y Felipe Noble denunciaron que son víctimas de una "persecución" y que fueron sometidos a un procedimiento "indignante" en el que debieron sacarse la ropa y las prendas íntimas "ante siete personas".
La magistrada, sin embargo, negó que exista una persecución y dijo que "las prendas se tuvieron que sacar frente a un testigo y un especialista técnico".
"La requisa personal tenía como objetivo el secuestro de las prendas que llevaban en ese momento. En el procedimiento del doctor (Conrado) Bergesio (el anterior juez de la causa), se secuestraron pruebas de dudosa pertenencia: se tardó una hora y media en entrar a los domicilios" desde que llegaron los peritos, sostuvo la jueza de la localidad de San Isidro en declaraciones radiales.
El procedimiento se hizo el viernes, horas después de que Marcela y Felipe Noble, ambos de 34 años, comparecieran ante Arroyo Salgado, que les informó sobre la situación de la causa.
Durante la audiencia, ambos se negaron a someterse a extracciones de sangre para cotejar su ADN con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pertenecientes a familiares de desaparecidos en la última dictadura militar argentina (1976-1983), dijeron fuentes judiciales.
También reiteraron su desconfianza sobre las "garantías" que ofrecen los análisis genéticos realizados en el banco de datos estatal, precisó el portal digital del diario Clarín.
Los hermanos, que aseguran que su adopción fue legal, declararon en abril pasado sentirse "maltratados" y "presas" de los "ataques" del Gobierno de Cristina Fernández contra el diario Clarín.
Se lamentaron además de que ambas familias exigieran que sus respectivos ADN se comparen con toda la base de datos genéticos de personas desaparecidas, como finalmente dictaminó la Justicia al cabo de una larga batalla judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.
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