En su resolución, la jueza Sandra Arroyo Salgado confirmó también que el lunes próximo se harán los exámenes histopatológicos de las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble para establecer si son hijos de desaparecidos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina de 1976 a 1983.
No obstante, la magistrada elevó el pedido de recusación a la Cámara Federal de San Martín, a las afueras de Buenos Aires, para que este tribunal de alzada decida su continuidad o no al frente de la causa.
Arroyo Salgado adjudicó "carácter dilatorio" al pedido de Gabriel Cavallo, abogado de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, y rechazó su presunta parcialidad en el expediente, alegada por el letrado.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, impulsoras de la causa, informaron que solicitaron hoy la urgente intervención en este asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese sentido, la entidad humanitaria dijo que envió una comunicación a la CIDH en la que advirtió de que el Estado argentino "violará las garantías de acceso a la Justicia y el plazo razonable para la determinación de los derechos" si se suspenden nuevamente las pericias ordenadas para el lunes.
"Ello se basa en que esta causa lleva más de nueve años de tramitación y recae sobre hechos originados hace más de 30 años, pero su resolución ha sido obstruida sistemáticamente", precisó en un comunicado.
Las Abuelas apuntaron que están sucediendo "hechos y circunstancias" que amenazan el proceso de restitución de niños robados durante la dictadura, por lo que solicitaron a la CIDH "un estricto seguimiento" a fin de evitar "la concreción de violaciones irreparables al derecho a la verdad y la identidad de cientos de jóvenes".
Hace una semana, la jueza ordenó un allanamiento en la casa de los hermanos para obtener material genético.
Tras el operativo judicial, Marcela y Felipe Noble denunciaron que son víctimas de una "persecución" y que fueron sometidos a un procedimiento "indignante" en el que debieron sacarse la ropa y las prendas íntimas "ante siete personas".
La magistrada, sin embargo, negó que exista una persecución y dijo que "las prendas se tuvieron que sacar frente a un testigo y un especialista técnico".
"La requisa personal tenía como objetivo el secuestro de las prendas que llevaban en ese momento. En el procedimiento del doctor (Conrado) Bergesio (el anterior juez de la causa), se secuestraron pruebas de dudosa pertenencia: se tardó una hora y media en entrar a los domicilios" desde que llegaron los peritos, sostuvo.
El allanamiento se hizo el último viernes, horas después de que ambos jóvenes de 34 años comparecieran ante Arroyo Salgado, que les informó sobre la situación de la causa.
Durante la audiencia, ambos se negaron a someterse a extracciones de sangre para cotejar su ADN con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pertenecientes a familiares de desaparecidos en la última dictadura.
También reiteraron su desconfianza sobre las "garantías" que ofrecen los análisis genéticos hechos en el banco de datos estatal.
Los hermanos, que aseguran que su adopción fue legal, declararon en abril pasado sentirse "maltratados" y "presas" de los "ataques" del Gobierno de Cristina Fernández contra el diario Clarín.
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