jueves, 26 de agosto de 2010

Se agudiza el enfrentamiento entre los dos grandes diarios argentinos y el Gobierno

BUENOS AIRES.- Los periódicos Clarín y La Nación, los más influyentes de Argentina, rechazaron el miércoles las duras acusaciones de la presidenta Cristina Kirchner de haberse apropiado de la única fábrica de papel para diarios de ese país en colaboración con la última dictadura militar (1976-83). 

Ambos periódicos, los de mayor difusión de Argentina, consideraron que el informe presentado el martes por Kirchner sosteniendo esta acusación constituye un ataque a la libertad de prensa.

El gobierno busca "disciplinar a aquellos que creen que la democracia precisa medios de comunicación libres de cualquier amenaza de censura", señaló este miércoles en un editorial el diario Clarín, en el marco de una dura pelea que mantiene con la mandataria.

Clarín y La Nación respondieron a un voluminoso informe presentado el martes por la presidenta Cristina Kirchner sobre la empresa mixta Papel Prensa en el que acusó a ambos periódicos, sus mayores accionistas, de haberse adueñado de la firma en 1976 con la complicidad de la dictadura.

Kirchner dijo que el gobierno presentará el caso a la justicia y enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar de "interés público" la producción y venta del papel para periódicos. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró "inconstitucional" la iniciativa y sostuvo que se pretende "el control de los medios" en Argentina.

Desde Washington, el gobierno estadounidense dijo que sigue de cerca "el fuerte debate" en torno a la libertad de prensa en el país, según el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

Por su parte la Asociación de Entidades Periodísticas, que agrupa a los diarios de Argentina, sostuvo que Kirchner "logró su objetivo político, que es instalar la duda sobre la venta de Papel Prensa".

"Sería interesante que Cristina (Kirchner) explique cómo construye desde el gobierno un aparato paralelo de comunicación oficialista", dijo en tanto el diputado del peronismo disidente, Felipe Solá, mientras otros colegas de la oposición calificaron al informe de "un ataque a la libertad de prensa".

Pese a los cuestionamientos, el gobierno defendió este miércoles la investigación realizada por funcionarios, que consideró "fraudulento" el traspaso de la mayoría accionaria entonces en poder de la familia Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón (ahora del grupo Clarín).

"Lo que se está viendo en estos momentos es la situación real de una empresa y se sacan a luz los documentos que son la vida real de una empresa", dijo este miércoles el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aclaró que el gobierno no busca expropiar la compañía en la que el Estado es socio minoritario (28%).

La controversia dio una vuelta de tuerca al duro enfrentamiento del gobierno en particular con el grupo Clarín, que controla decenas de empresas y cuya firma emblema es el diario homónimo, que "marca la agenda periodística de Argentina", según políticos y otros medios.

Una semana antes de que la mandataria difundiera el informe sobre la única proveedora de papel de diarios de Argentina, el gobierno canceló la licencia de la firma Fibertel, también del grupo Clarín, que brindaba servicios de internet a un millón de usuarios, sobre un total de 4,2 millones en el país.

En 2009, el gobierno quitó además al grupo Clarín los derechos de transmisión por señal de cable de los partidos de fútbol y los transfirió a la televisión pública, que transmite los encuentros del torneo argentino sin costo alguno.

En medio de esas medidas, la justicia investiga si los dos hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron presuntamente apropiados tras ser desaparecidos sus padres durante la dictadura.

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