CARACAS.- La Asamblea Nacional (Parlamento) reformó dos leyes para establecer regulaciones sobre los contenidos en internet y dar una mayor presencia y más control al Estado sobre el sector de las telecomunicaciones, que ahora pasa a prestar un "servicio público".
Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos fueron aprobadas en menos de una semana por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, reunida de manera permanente para debatir con urgencia estos y otros proyectos, antes de que finalice su periodo el próximo 5 de enero.
En principio, la ley de Telecomunicaciones declara "como servicio público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones".
El Estado venezolano, que siempre ha tenido el control total del espectro radioeléctrico, podrá ahora entregar concesiones hasta por 15 años, renovables. Antes de la reforma, el plazo máximo era de 25 años.
En caso de "extinción" de una concesión, "podrá proceder a la reversión de los bienes afectados al servicio", es decir, a su adquisición para garantizar la prestación del servicio.
La ley prohibe además la inversión extranjera "para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias sin fines de lucro y producción nacional audiovisual".
En esta ley fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a internet, aunque en la reforma a la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos se aprobaron regulaciones a los contenidos publicados en la red.
En los medios audiovisuales será sancionada la difusión de mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" en páginas web venezolanas.
Según reza el texto, los administradores de estos sitios "serán responsables por la información y contenidos" publicados en ellos, por lo que deberán "establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones" señaladas.
Las multas se calcularán en base al "10% de los ingresos brutos del año anterior" y la "suspensión del servicio" será en principio por "72 horas continuas". Pero en caso de reincidencia en alguna falta, la ley establece la revocación definitiva de la señal de los medios.
La oposición rechazó con vehemencia la aprobación de ambas leyes. "Es absolutamente violatoria de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país", denunció el diputado opositor Ismael García.
"El derecho a la información, a la comunicación, el acceso a los medios está plenamente garantizado, en la Constitución y en esta ley", respondió por su parte el oficialista Earle Herrera.
A partir del 5 de enero asumirá un nuevo Legislativo en Venezuela, en el que la oposición ocupará 67 de los 165 escaños. A partir de entonces, el Partido Socialista (PSUV, en el poder) perderá la aplastante mayoría que tuvo durante los últimos cinco años, cuando legisló frente a una ínfima disidencia.
La oposición no se presentó a las elecciones de 2005, en un vano intento de boicotear los comicios, y no tuvo representación en la Asamblea Nacional en los últimos cinco años.
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