MADRID.- La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se ha mostrado "sumamente crítica" con el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, al entender que "entra en conflicto con la libertad individual", según se recoge en el dictamen del Consejo de Estado, ante el que la asociación presentó alegaciones.
Así, los editores opinan que el proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, "pretende realizar una concepción expansiva del derecho de igualdad que entra en conflicto con la libertad individual de los ciudadanos".
Además, AEDE señala que el texto elaborado por el Gobierno "adolece de una falta de concreción de las conductas consideradas discriminatorias y que pueden sancionarse con multas de elevada cuantía". Concretamente, en función de la gravedad, estas multas pueden ir desde los 300 euros en casos leves hasta un máximo de 40.000 en los graves y de 500.000 euros en los supuestos muy graves.
Por su parte, en su dictamen, el Consejo de Estado señala que, en lo que a medios de comunicación se refiere, el proyecto de Ley de Igualdad de Trato se limita a "condensar" lo que ya se afirmaba en la Ley General de Publicidad, la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional y la Ley General de la Comunicación Audiovisual "aunque extendiéndolo a cualquier forma de discriminación, en consonancia con el carácter integral de la regulación proyectada".
Asimismo, recomienda que se incluya en el proyecto que "la obligación de igualdad de trato en los medios de comunicación social debe entenderse sin perjuicio del derecho de información".
El artículo que ha despertado las críticas de los editores está dedicado a los medios de comunicación social y publicidad y forma parte del título referido al derecho a la igualdad de trato y no discriminación. En ese apartado, la normativa establece que "todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación".
Además, en otro epígrafe de ese mismo artículo, el proyecto de ley señala que "las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la adopción de acuerdos de autorregulación de los medios de comunicación social que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen".
Por otro lado, la norma "considera publicidad ilícita la comunicación publicitaria comercial o institucional que contenga elementos de discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley".
La Ley General de Comunicación Audiovisual ya establecía que "la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres".
Asimismo, esta norma señala que los anuncios "no deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres" y prohíbe toda comunicación comercial que "vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual", así como "toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio".
Por su parte, la Ley General de Publicidad considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados"
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