BUENOS AIRES.- Los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín se realizarán mañana viernes una extracción voluntaria de pruebas de ADN, ante la sospecha de que pudieran ser hijos de desaparecidos apropiados en dictadura (1976/83), ordenó ayer miércoles un fallo de la justicia argentina.
"A los efectos de hacer efectiva la toma de muestras de sangre y saliva ofrecida por Marcela y Felipe Noble Herrera (u otras muestras biológicas), en caso de ser esa su voluntad, se fija fecha de concurrencia al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para el próximo viernes 24 de junio a las 09.00" (12.00 GMT), señaló el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
La jueza federal de primera instancia Sandra Arroyo Salgado estableció en su escrito que el cotejo posterior de las muestras de ADN "se ajustará a lo que sea dispuesto en sede judicial".
Los jóvenes anunciaron el viernes pasado su decisión de aceptar hacerse las pruebas de ADN cotejando todas las muestras de los familiares de desaparecidos durante la dictadura depositadas en el BNDG, después de que el Tribunal de Apelaciones argentino decidiera hace 20 días limitar la comparación con casos hasta julio de 1976.
En su fallo, el Tribunal de Apelaciones había confirmado una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (periferia noroeste de Buenos Aires) para que los jóvenes fueran sometidos a un examen compulsivo de sangre, según lo autoriza la ley.
La inesperada decisión de los jóvenes, adoptados en 1976, cuando tenían meses de edad, se produce 10 años después de iniciada la causa judicial que incluyó la detención en 2003 por algunas horas de la madre de los jóvenes y dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de 86 años.
La entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo sospecha que los jóvenes son hijos apropiados que nacieron durante el cautiverio de sus madres en el régimen militar.
Unos 500 bebés, hijos de desaparecidos, fueron robados y apropiados durante la dictadura, según las Abuelas, cuya labor ha permitido encontrar a 103 de ellos, que recuperaron su identidad.
Unos 30.000 opositores desaparecieron durante el régimen, según organismos defensores de derechos humanos.
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