lunes, 21 de noviembre de 2011

La CIDH preocupada por la condena penal a un periodista en Perú por críticas a un alcalde

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la condena penal contra el periodista Teobaldo Meléndez, a raíz de una información sobre los presuntos actos de corrupción de un alcalde.

La Relatoría Especial señaló en un comunicado que ha manifestado "reiteradamente" su preocupación por la aplicación del delito de difamación a personas que han hecho denuncias o expresado opiniones críticas sobre quienes ocupan o han ocupado cargos públicos.
Y recordó que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles", en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
El periodista, actualmente director de noticias de Radio Activa de Yurimaguas, ha sido condenado a tres años de prisión (en ejecución suspendida) y al pago de 30.000 nuevos soles (unos 11.100 dólares) como reparación civil, y una indemnización al Estado equivalente a 60 días de sus ingresos económicos.
El caso se originó por una información emitida el pasado febrero en el programa "La Ribereña Noticias", en el que el periodista cuestionó al alcalde de Alto Amazonas-Yurimaguas, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.
Según lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público".
Además, en estos casos, debe probarse que el comunicador tuvo intención de infligir daño, "pleno conocimiento" de que se estaba difundiendo noticias falsas o no hizo los esfuerzos requeridos para contrastar y confirmar la noticia.
No obstante, la Relatoría Especial señaló que la condena tiene lugar en un contexto "favorable" para la libertad de expresión, ya que el nuevo presidente peruano Ollanta Humala "ha declarado públicamente, y de manera reiterada, que respetará este derecho y no acudirá a procesos penales para inhibir el debate sobre asuntos de interés público".
Asimismo, reconoce que el Congreso de la República del Perú ha estudiado varias reformas encaminadas a derogar los delitos de difamación, al menos para funcionarios públicos, o sustituyendo las penas de prisión por multas o prestación de servicios comunales.
La CIDH, que vela por la defensa de los derechos humanos en el continente, recuerda además que los funcionarios públicos "están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad".
En este sentido apunta que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" "atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

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