Aumentan en Venezuela las agresiones a periodistas

CARACAS.- IPyS mostró su informe de monitoreo del 2011 con una evidente preocupación sobre la libertad de expresión en Venezuela. Afectos al oficialismo son los principales agresores de los medios de comunicación y periodistas en Venezuela. La incidencia de la censura previa aplicada por el Poder Judicial, alcanzó en el 50% de los casos de contenidos censurados desde los poderes públicos en el 2011.

Las agresiones a los periodistas en Venezuela se han convertido en el diarismo de los comunicadores sociales, quienes en busca de la información se topan con situaciones inseguras que atentan contra su integridad física y mental. Desde intimidaciones hasta golpes han sido tolerados por el gremio durante el gobierno del presidente Chávez sin que el Estado repare estas situaciones, y peor aún, se convierta en instrumento para la censura y autocensura de los medios de comunicación.

El 13 de agosto de 2009 un grupo de 12 periodistas y trabajadores de la Cadena Capriles fueron agredidos con violencia por afectos al oficialismo, cuando protestaban contra el artículo 50 de la Ley de Educación. Hasta la fecha no se ha adelantado ninguna investigación a pesar de las graves lesiones ocasionadas a los comunicadores y la denuncia.

Otro de los más resaltantes ataques a los comunicadores sociales fue la ocasionado por el vicepresidente Elías Jaua, cuando en septiembre del 2010 se encontraba en Marapa, estado Vargas, para constatar la situación del sector debido a las lluvias. El periodista de Globovisión Jhonny Ficarella trató de obtener declaraciones del funcionario público, quien se negó empujándolo, argumentando que luego daría una rueda de prensa. No hay investigación al respecto sobre este caso hasta la fecha.

Un caso más reciente, ocurrido el 3 de marzo del presente año, es el de la corresponsal del estado Táchira para Globovisión Luz Dary Depablos, quién fue agredida durante una concentración del PSUV, por mujeres identificadas con el oficialismo quienes comenzaron a insultarla y a atacarla físicamente, este caso tampoco ha sido atendido por el Estado venezolano.

 
La directora ejecutiva del Ipys, Marianela Balbi, denunció que un monitoreo realizado entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 se registraron 204 personas agredidas, donde los reporteros de calle son los más afectados, a través del hurto de equipos y robo de información.

Se reportó que las acciones legales derivadas de “supuestos” delitos de desacato y “contra el honor” alcanzaron el 48% de las agresiones vinculadas al uso de medidas judiciales. La incidencia de la censura previa aplicada por el Poder Judicial, alcanzó en el 50% de los casos de contenidos censurados desde los poderes públicos en el 2011. “es preocupante el hecho que se utilicen los delitos de desacato para penalizar periodistas y medios, y más aún que los funcionarios públicos utilicen la amenaza de sanciones judiciales para generar censura y autocensura”, acotó Balbi.

Luisa Torrealba, coordinadora de la organización precisó que 7 de cada 10 ataques contra medios y periodistas son cometidos por funcionarios públicos o personas relacionadas al Gobierno del presidente Hugo Chávez. Los agredidos en su mayoría fueron trabajadores de medios impresos y audiovisuales.

También se indicó que 50% de los casos de censura y autocensura estuvieron relacionados con el tema  del agua potable y derrame petrolero en Monagas. Refirió que 27% de los casos de agresiones están relacionadas a violaciones informáticas a cuentas de medios de comunicación o de periodistas.

Durante el 2011 hubo 96 hackeos mientras que en el primer trimestre del 2012 ya se reportan 50 “esto nos revela que hay una tendencia fuerte sobre agredir a los periodistas”.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que condenen este tipo de acciones porque atentan contra la libre circulación de información”. Explicó que este año se incluyó el “abuso del poder estatal” para violar el derecho a la comunicación social. “Los periodistas son percibidos como enemigos”, informó Torrealba.

 
La directora de la organización destacó que según la CIDH los delitos de opinión tienen una tendencia a la eliminación en la mayoría de los países, pero en Venezuela se han ratificado las existentes o se han aprobado nuevos instrumentos legales por el ejercicio de la libertad de expresión.

Las 13 recomendaciones en materia de libertad de expresión hechas por la EPU al Estado Venezolano, fueron rechazadas por el Gobierno de Hugo Chávez, ratificando su negativa al cumplimiento de las mismas.

En el informe también se evidencia que las acciones legales contra periodistas aumentaron 73%, ello por parte de funcionarios públicos, además manifestó que muchos de los medios de comunicación en el país están cerrando debido a la negación de las concesiones.

48% de las agresiones hechas a los medios de comunicación o a los periodistas en particular están relacionadas al uso de medidas judiciales, hechas desde los distintos poderes públicos.

70% de los ataques contra medios y periodistas son cometidos por funcionarios públicos, grupos para-oficiales o personas individuales relacionadas al Gobierno del presidente Hugo Chávez.

En lo que va de 2012 se han reportado al menos 50 casos de hackeos a cuentas de correos y redes sociales de medios de comunicación y periodistas.

El Gobierno de Hugo Chávez decidió rechazar las 13 recomendaciones en materia de libertad de expresión hechas por la EPU, ratificando su negativa al cumplimiento de las mismas.