BUENOS AIRES.- La Red Mundial de Editores (GEN, Global Editors Network) ha cerrado
filas con el grupo argentino 'Clarín' y ha solicitado a los medios de
comunicación de todo el mundo una protesta global contra el Gobierno de
la presidente peronista Cristina Fernández, viuda de Kirchner, por su
política hacia el sector, que obligará a la empresa mediática más fuerte
del país y a otras a desprenderse de emisoras de televisión y radio, según crónica de 'El Mundo', de Madrid.
"El 7 de diciembre es la fecha límite para la libertad de prensa.
Los medios deberían unir sus voces en contra de esta amenaza
intolerable a la prensa independiente", ha declardo Alejandro Miro
Quesada, del diario peruano 'El Comerio', y miembro de la comisión
directiva de GEN. Y considera que "el ataque a 'Clarín' es símbolo de la
presión política a la que están sometidos los medios de toda la
región".
La ley argentina de medios audiovisuales fue aprobada por el
parlamento y promulgada en 2010, pero su aplicación está retrasada por
varios recursos puestos en la Justicia. La norma, basada en el espíritu
del informe del Premio Nobel de la Paz Sean MacBridepara la Unesco,
'Voces múltiples, un sólo mundo', establece la redistribución de las
licencias en tres tercios a cada sector: privado, público y sociedad
civil.
A raíz de esa ley varios medios privados, hasta ahora mayoritarios, deberán desprenderse de algunas emisoras
traspasándolas a eventuales interesados. Según los diarios opositores
'Clarín' y 'La Nación', nadie puede comprar esas licencias si antes no
tiene amarrada con el Gobierno una buena cuota de propaganda oficial,
para lo cual está obligado a ponerse en sintonía política con la Casa
Rosada.
El grupo 'Clarín', en una pelea recíproca que ya lleva cinco años con
los Kirchner, presentó un recurso de amparo en la justicia y, a la vez,
planteó la inconstitucionalidad de la nueva ley. Con ello ha conseguido
paralizar el artículo 161 que le obliga a desprenderse de algunas
licencias de televisión en Buenos Aires y varias provincias.
Pero ante un recurso del Gobierno la Corte Suprema puso de plazo
hasta el 7 de diciembre para que 'Clarín' y otros grupos cumplan con ese
artículo, si antes no consigue un fallo a favor de su reclamo de
inconstitucionalidad. De ahí que el llamado '7D' se ha tornado en un día
crucial en Argentina y el Gobierno montó una campaña como si en esa
fecha el país fuese a librarse de una potencia colonizadora.
"A pesar de que el supuesto objetivo de la ley es fortalecer la
diversidad y el pluralismo limitando la propiedad monopólica de los
medios, que es un objetivo legítimo, según sus críticos sólo busca
acallar el disenso y, en particular, desmantelar el Grupo Clarín, una firme voz crítica del gobierno de los Kirchner", sostiene el GEN, que agrupa a 900 editores de todo el planeta.
También contabiliza que "ya se llevaron a cabo más de 450 acciones legales y administrativas, bloqueos, intimidaciones y otras formas de ataque, contra el grupo Clarín. La cantidad de acciones sugiere que la estrategia del gobierno es el acoso".
Y alertó de que "el gobierno, al invertir ingentes cantidades de
dinero en publicidad oficial preferencial en empresas de medios
medianas, ha logrado comprar efectivamente el control del contenido de
los medios", por lo que, a su entender, controla "el 80% de los medios audiovisuales argentinos, directa o indirectamente".
Grupos españoles
Además, el Gobierno ya ha comunicado a las filiales de Prisa y
Telefónica que deberán adecuar sus inversiones en medios de comunicación
audiovisuales de Argentina a la nueva ley del sector, que prohíbe
poseer más de una licencia de emisora de televisión y de radio en cada
ciudad.
Telefónica es adjudicataria de Telefé en la capital porteña y ocho
canales más de televisión abierta en provincias. Las autoridades
cuestionan, además del número, que se trate capital extranjero en su
totalidad -la norma sólo permite hasta un 30%- y que el propietario
preste a la vez un servicio público, algo prohibido por la ley.
Prisa cuenta con las licencias de Radio Continental en Buenos Aires
–la quinta AM más oída, que compró a Telefónica- y otras cuatro emisoras
aquí y en otras ciudades. En su caso, los cuestionamientos de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se
refieren a la duplicidad de frecuencias y la mayoría de capital
extranjero.
Prisa empezó a invertir aquí durante el Gobierno del fallido
presidente Fernando de la Rúa (1989-2001) -apenas a los dos años de
gestión debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero, con estado de
sitio, en medio de protestas populares, 33 ciudadanos asesinados por la
represión- y trajo la edición internacional de 'El País' y a la
editorial Santillana a Buenos Aires.
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