VIENA.- El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) publicó hoy el informe final
sobre la misión de libertad de prensa llevada a cabo del 7 al 11 de
mayo de 2012 en Ecuador, en el cual se asevera que los medios de
comunicación privados de la nación están siendo blanco de ataques por
parte del gobierno del presidente Rafael Correa.
El informe,
de aproximadamente 30 páginas, enumera diversas tácticas usadas por el
gobierno de Correa contra los medios de comunicación privados, entre las
que se encuentran la elaboración de proyectos legales diseñados para
debilitar a los medios de comunicación independientes y el uso
sistemático de un discurso ofensivo—difundido públicamente a través de
los medios de comunicación del Gobierno—para empañar la reputación de
periodistas críticos, editores y grupos que trabajan por la libertad de
prensa.
“Ecuador está en medio de
una crisis de libertad de prensa”, informó el subdirector del IPI,
Anthony Mills, quien encabezó la misión de una semana. “El Gobierno de
Correa ha promovido un ataque público desde varios frentes contra los
medios privados. Sin embargo, es el pueblo ecuatoriano quien está
pagando el precio, ya que su derecho a recibir información independiente
está siendo amenazado”.
Las tensiones entre unos
medios de comunicación fuertemente polarizados y el gobierno de Correa,
quien se autodenomina revolucionario, nunca antes habían sido mayores.
Llegando a Ecuador dos meses y medio después de que Correa consiguiera—y
posteriormente no aplicara—una multa multimillonaria contra los
editores del periódico El Universo y los autores del libro El Gran Hermano
los delegados del IPI encontraron que la batalla del Gobierno contra
los medios de comunicación se ha radicalizado y hecho cada vez más
visible. El conflicto incluso estaba presente en las calles de Quito,
donde había grafitis que catalogaban a tres medios de comunicación
privados como “armas de destrucción masiva”, entre otros calificativos
negativos.
Más específicamente, el
reporte critica dos leyes aprobadas recientemente: la llamada “Ley
Antimonopolio” y las reformas a ley electoral. La primera parece
restringir la capacidad de los medios independientes de incrementar su
capital, mientras las reformas limitan de informar debidamente a los
votantes. Asimismo, hay otros dos proyectos de ley actualmente bajo
consideración que podrían restringir el periodismo crítico de
investigación: una nueva ley de comunicaciones y las reformas al Código
Penal.
Otros aspectos
preocupantes que se destacan en el informe incluyen el frecuente abuso
de las “cadenas” — discursos presidenciales que las estaciones de radio y
televisión deben transmitir y que son frecuentemente utilizadas por el
Gobierno para silenciar o distorsionar la crítica-; el hecho de que el
Gobierno controle los medios de comunicación incautados que había
prometido vender; la falta de voluntad de diálogo por parte de los
medios—privados y públicos—y el Gobierno; y la palpable sensación de
miedo y resignación entre los periodistas y en las salas de redacción,
situación que ya está generando autocensura.
“Un rol esencial del
periodismo es cuestionar el poder por el bien de la población, pero
cuando están en juego la seguridad y el bienestar del reportero, o
cuando existe miedo, como ahora, el silencio se convierte en la mejor
opción. La consiguiente ausencia de investigaciones críticas sólo puede
afectar a la sociedad y a la democracia”.
La misión del IPI a
Ecuador, encabezada por Mills y en la que participó también Mariela
Hoyer, quien asistió como asesora de libertad de prensa del IPI para
Latinoamérica, se llevó a cabo del 7 al 11 de mayo de 2012. En sus
visitas a Quito y Guayaquil, los delegados del IPI buscaron interactuar
con un amplio espectro de actores, por lo cual se reunieron con
funcionarios del Gobierno, incluyendo al Vicepresidente del país, al
Secretario Nacional de Comunicación y a la ministra de Justicia; así
como con editores, periodistas, dueños de medios de comunicación,
políticos y grupos de la sociedad civil.
Hoyer explicó que, a
pesar de la clara tensión, “el objetivo era escuchar todos los puntos de
vista posibles en Ecuador, con la mirada puesta en promover en el
futuro un diálogo constructivo. Creemos que es esencial para los medios
de comunicación ecuatorianos y para el Gobierno entender y respetar sus
respectivos roles en una sociedad democrática. La cooperación de ambos
es necesaria para garantizar una sociedad informada y fortalecida”.
El reporte incluye una
serie de recomendaciones para los medios de comunicación y para el
gobierno de Ecuador. El IPI exhorta a los medios a valorar el periodismo
ético y a instaurar sistemas de autorregulación efectivos como
herramientas para lograr una mayor credibilidad. Asimismo, el informe
exhorta al Gobierno a cesar su confrontación con los medios; a
garantizar que la prensa sea consultada para la redacción de los
proyectos de ley que les afectan directamente; a eliminar todas las
leyes que penalizan la difamación; y a desarrollar mecanismos que
garanticen—y no pongan en peligro—al periodismo independiente.
Entre la visita del IPI y la publicación de este informe,
la situación de los medios de comunicación en Ecuador parece haber
empeorado. Entre mayo y julio autoridades ecuatorianas cerraron al
menos nueve estaciones de televisión y radio regionales, muchas de las
cuales habían criticado al Gobierno. En junio, el presidente Correa
formalizó una prohibición para los ministros del gabinete de conceder
entrevistas a los medios privados, y luego suspendió la propaganda del
Gobierno en los periódicos que habían criticado el declive de la
libertad de prensa en el país. A principios de junio, un periodista
independiente fue asesinado en las afueras de Guayaquil. Y tan sólo hace
un mes, la Corte Constitucional del Ecuador levantó una suspensión
temporal de las reformas a la ley electoral, allanando el camino para
las restricciones a los periodistas en las elecciones presidenciales de
febrero próximo.
La directora ejecutiva
del IPI, Alison Bethel McKenzie, dijo: “Los eventos de este verano
indican que los resultados y las recomendaciones que surgieron de la
misión del IPI son más relevantes y urgentes que nunca. Estamos
comprometidos a trabajar a largo plazo con el Gobierno y los medios,
tanto públicos como privados. Somos optimistas al creer que el diálogo
puede mitigar el conflicto”.
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