MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este
viernes el anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual,
con la que se pretende potenciar los instrumentos de lucha contra la piratería en Internet y que otorgará más transparencia a las entidades de gestión de los derechos de autor. La reforma se aprobará en esta legislatura.
Según ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, tras la reunión del Consejo de Ministros, los cuatro ámbitos que aborda este anteproyecto
son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos
de lucha contra la piratería, la limitada revisión del concepto legal de
copia privada, "atendiendo a los progresos de la sociedad de la información", y la trasposición de la Directiva 2011.
Respecto a la mejora de la protección de los derechos de propiedad
intelectual en Internet, las sanciones se fortalecen y se introduce un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros,
en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor
capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad
intelectual.
Wert ha indicado que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá la identificación de un prestador de servicios
de la sociedad de la información sobre el que concurra "indicios
razonables de estar poniendo a disposición contenidos protegidos a gran
escala".
Así, en la fase de diligencias preliminares el supuesto infractor podrá ser identificado,
lo que permitirá al perjudicado acudir inmediatamente a la vía civil.
Asimismo, se ha realizado un ajuste en la Sección Segunda de la Comisión
de Propiedad Intelectual, mediante la publicación de un tablón de
edictos electrónicos.
Además, según el contenido del anteproyecto, se podrá solicitar la retirada de sus servicios tanto a los intermediarios de pago como a las agencias de publicidad que incluyan anuncios en estas páginas.
Wert ha incidido en la "filosofía de persecución"
de quienes realizan a gran escala los actos de difusión ilícita, "tanto
alojadores como facilitadores mediante enlace". En cambio, se pretende
excluir a quienes de forma no maliciosa facilitan información sobre el
acceso ilícito.
Respecto al refuerzo de la transparencia y vigilancia de las
entidades de gestión, Wert ha indicado que esto se traduce en la
"limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e
imponer tarifas", de modo que no se produzca una "asimetría entre las entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".
El texto también prevé que en las situaciones en las que distintas
entidades de gestión tengan que proyectarse sobre un mismo ámbito
sometido a esa protección, se unifiquen las actuaciones bajo la coordinación de una de esas entidades.
A través de un cuadro de sanciones e infracciones, se sancionará el incumplimiento de las obligaciones legales,
especialmente las relacionadas con la transparencia en su gestión.
Habrá infracciones y sanciones si se incumplen estas obligaciones, que
llegarán hasta el dos por ciento de lo recaudado en el ejercicio
anterior.
Respecto a la revisión del concepto de copia privada, el ministro
de Educación, Cultura y Deporte ha explicado que este proyecto acota de forma más precisa los límites del concepto de copia privada
y adecua la definición declaraciones jurisprudenciales, como por
ejemplo el Tribunal de Justicia Europeo y la sentencia Padawan, que
excluye del ámbito de copia privada los usos profesionales.
Se concentran en la protección de la copia privada las actividades más usuales: la duplicación sin fines comerciales ni lucrativos de CD y DVD
y la grabación de material difundido en radio y televisión, y se
amplían algunas de las excepciones en el ámbito de la enseñanza y de la
investigación científica.
A partir de ahora, se remitirá un informe sobre el anteproyecto a
los ministerios involucrados (Economía y Competitividad, Turismo,
Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia) y se abrirá un periodo de consulta con las comunidades autónomas, y un trámite de audiencia con las entidades interesadas.
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