jueves, 27 de junio de 2013

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el modelo de financiación de la ORTF

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha considerado legal la tasa impuesta en Francia a los operadores de telecomunicaciones con el fin de financiar la televisión pública del país. 

La corte con sede en Luxemburgo ha rechazado el recurso presentado por la Comisión Europea (CE) contra París, pues considera que es compatible con la normativa comunitaria, en contra de lo que defendía Bruselas.
El caso es similar a la denuncia presentada por Bruselas contra España por la tasa a las empresas de telecomunicaciones incluida en el modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) aprobado en 2010. España, cuyo caso está aún pendiente en la Justicia europea, apoyó al Gobierno francés en el proceso resuelto, según detalló la Corte en un comunicado.
Francia instauró en 2009 una tasa del 0,9% de la cifra de negocios de los grandes operadores de telecomunicaciones con el fin de financiar la eliminación progresiva de la publicidad en la televisión pública.
Para la CE, la medida incumplía la directiva comunitaria sobre telecomunicaciones, al considerar que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector deben estar relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones.
Sin embargo, para el Tribunal de Justicia "el tributo controvertido no es una tasa administrativa en el sentido de la directiva y, por ende, no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta", ha explicado.
La decisión de la corte se basa en que esa tasa no está vinculada al acceso al mercado de las comunicaciones electrónicas o a la concesión de radiofrecuencias o números -lo que sí quedaría cubierto por la citada directiva-, sino que grava la actividad de las empresas.
La Comisión Europea (CE) ha dicho "tomar nota de la decisión del Tribunal" y, según ha explicado su portavoz de Telecomunicaciones, Ryan Heath, "analizará los detalles, incluido el potencial impacto sobre el caso español".
Bruselas denunció a España junto a Francia por imponer también una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago en RTVE.
Antes de llegar a la Justicia, tanto el Gobierno de Madrid como el de París se reunieron en varias ocasiones con responsables de la CE para tratar de encontrar una solución, pero Bruselas insistió en todo momento en la ilegalidad de la tasa y pidió su retirada o modificación

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