MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación
al gobierno nacional de Venezuela por abruptas medidas económicas
contra periodistas y empresas periodísticas, que podrían formar parte de
una campaña de hostigamiento contra la prensa independiente.
La SIP también solicitó al gobierno nacional mayor transparencia en
sus acciones contra los periodistas, al conocer que la fiscal general,
Luisa Ortega Díaz, pidió este 27 de julio, a través de Twitter, la
congelación de cuentas bancarias de Miguel Henrique Otero, director del
diario El Nacional, por un supuesto pleito judicial personal
que el periodista tendría con un ex alcalde y ex director de ese diario,
Alfredo Peña, quien hace una década permanece en el exilio.
Otero denunció que se enteró por Twitter de la demanda, que desconoce
el expediente y considera que la acción de la Fiscalía se inserta
dentro de una campaña del gobierno nacional para “silenciar, amedrentar y
desprestigiar” mediante una estrategia en el que “compran medios,
amenazan medios, cierran medios, le abren procedimientos a los
periodistas, a los editores”.
Por otra parte, el 24 de julio, el Ministerio Público ordenó el
cierre de las cuentas bancarias de Leocenis García, presidente del Grupo
6to Poder, integrado por el semanario 6to Poder, 6to Poder Radio, diario El Comercio, 6topoderweb, 6to Poder Datos y la revista U-Sex.
La medida, ante una acusación por lavado de dinero, evasión fiscal y
financiamiento del terrorismo, incluyó la congelación de ocho cuentas
bancarias del grupo y tres cuentas personales.
García caracterizó la acción como “inconstitucional” y agregó que se
trata de “una práctica de persecución policial y acoso judicial propia
de regímenes totalitarios”. 6to Poder es reconocido por su línea editorial crítica al gobierno.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, alerto sobre “este tipo de acciones que se
insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma
directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga
económicamente, obteniendo el mismo resultado”.
“La presión económica – que 6to Poder no pueda pagar a sus
empleados ni a sus proveedores-, demuestra la intención agravante de un
gobierno que apela a la censura más burda para acabar con la prensa
independiente”, dijo Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
La SIP viene advirtiendo del acoso contra el Grupo 6to Poder. El 21
de mayo, Conatel, organismo encargado de aplicar la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, forzó a distintas
compañías prestadoras de servicio de cable a sacar del aire la señal de
Atel TV que venía negociando con el Grupo 6to Poder la compra de
acciones del canal.
En agosto de 2011 fue prohibida la publicación y distribución del
semanario durante varios días tras difundir un fotomontaje satírico que
mostró a bailarinas de cabaret con el rostro de funcionarias del
gobierno en la época. También fueron detenidos temporalmente García y la
directora de 6to Poder, Dinora Girón, a quienes imputaron los
delitos de “vilipendio a funcionario público”, “instigación pública al
odio” y “ofensa pública por razones de género”.
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