miércoles, 28 de mayo de 2014

Competencia recomienda en España replantear el cobro por citar noticias en Internet

MADRID.- El regulador español de la Competencia cuestionó el miércoles el proyecto de ley de propiedad intelectual que obligará a que los servicios de agregación de contenidos en Internet, ofrecidos por empresas como Google o Menéame, paguen a los gestores de derechos de autor por mostrar fragmentos de noticias.

"(La CNMC) cuestiona que los servicios de agregación de contenidos deban ofrecer una 'compensación equitativa' a los editores de publicaciones periódicas o de sitios web de información", dijo el regulador en un comunicado publicado en su sitio web.
El Gobierno español aprobó en febrero una reforma que permitiría a los editores de noticias cobrar en algunos casos a los buscadores o agregadores de contenidos, limitando el derecho de cita, que fue celebrada por las sociedades de editores de medios y de derechos de autor.
La ley permitirá que los agregadores o buscadores utilicen "fragmentos no significativos" de contenidos generados por los periódicos y otros editores como portales de información a cambio de una compensación equitativa aún por definir.
Según la CNMC, el motivo que usa la ley para justificar esa compensación es la posible competencia directa entre los editores y los agregadores sin que estos últimos compartan el esfuerzo creativo.
El regulador advirtió de que "resulta cuestionable la existencia de dicha competencia directa y la necesidad de que exista una compensación", dijo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia añadió que se debería eliminar el carácter irrenunciable de ese pago y que habría que modificar el derecho de que sean las gestoras de los derechos las que cobren por ello.
"Si se decidiese continuar con la medida, al menos se recomienda modificar el carácter irrenunciable de la compensación y eliminar la reserva de actividad que se concede a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual", dijo la CNMC.
Para el regulador, la compensación supondría una barrera al acceso de los agregadores actuales y desincentiva la llegada al mercado de otros nuevos.
La crisis económica, con el consiguiente descenso en picado de la publicidad, y la reconversión del sector con la explosión de Internet, donde sigue sin haber un  modelo de negocio viable claro, han obligado a cerrar decenas de periódicos y abocado al paro a 9.500 periodistas en España en los últimos cuatro años.

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