WASHINGTON.- La legislación no se ha adaptado lo suficientemente
rápido a la tecnología para proteger derechos como la libertad de
expresión y el derecho a la privacidad en Internet, según un informe de
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH divulgado
hoy.
"Los marcos jurídicos no han conseguido acompañar los adelantos
tecnológicos y esto ha agravado el riesgo de que se produzcan
violaciones de derechos humanos", apunta el informe en alusión a la
vigilancia en la red.
La CIDH considera que los programas de vigilancia creados legalmente
"podrían ser legítimos cuando se vinculen con fines como la prevención
de delitos o la seguridad nacional", sin embargo, alerta de que con las
posibilidades técnicas que ofrece internet "podrían ser invasivas" y
"menoscabar el derecho a la privacidad".
Además, advierte de que el término de seguridad nacional ha sido
empleado para "restringir" los derechos de defensores de los derechos
humanos, periodistas y otras personas.
El informe "Libertad de Expresión e Internet" pretende ser una "guía"
para la protección del derecho a la libertad de expresión y pensamiento
en el entorno digital para lo que analiza jurisprudencia y doctrina
internacional.
El documento señala que para "preservar los beneficios" de internet
en favor de la libertad de expresión, los estados deben legislar o
marcar pautas para asegurar el acceso universal a la red; promover la
pluralidad y el debate público; asegurar la igualdad y la neutralidad; y
evitar la discriminación y la injerencia.
El informe, que fue discutido de manera simultánea en siete ciudades
el pasado 16 de junio, destaca que algunos países como Argentina, Chile,
México, Brasil y Canadá han comenzado a adaptar su legislación a los
principios internacionales aplicables al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión en Internet.
En Argentina recuerda que se sancionó la Ley 26.032 de Servicio de
Internet, que recoge la garantía de amparo de la libertad de expresión
para la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda
índole, a través del servicio de Internet.
El informe subraya la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual de
Chile, "que limita la responsabilidad de intermediarios por contenido
generado por terceros", además se "consagró" el principio de neutralidad
en la red prohibiendo el bloqueo del derecho de los usuarios a
"utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio legal a través de Internet".
Otra de las recientes iniciativas legislativas en la región que
destaca es el proyecto de Marco Civil de Internet en Brasil y menciona
la aprobación en México de un proyecto de reforma de su Constitución
Política en materia de telecomunicaciones, que declara el principio de
inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas
a través de cualquier medio.
En este sentido, señala que los intermediarios no deben ser
responsabilizados por los contenidos que transmitan, a menos que reciban
una orden judicial, ni se les debe exigir que supervisen los contenidos
que circulan en sus servicios.
En cuanto a la filtración y el bloqueo de contenidos, la CIDH
considera que sólo es admisible si se trasgreden los derechos humanos y
tras una evaluación de un tribunal imparcial. "Tales decisiones deberán
adoptarse de manera transparente y únicamente como último recurso".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin
de estimular la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión en el continente, como clave en la consolidación y el
desarrollo del sistema democrático.
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