jueves, 9 de octubre de 2014

Clarín denuncia el ataque del Gobierno argentino y recurrirá a la Justicia

BUENOS AIRES.- El Grupo Clarín denunció hoy un "ataque" y un trato desigual por parte del Gobierno argentino, que ayer ordenó iniciar de oficio el proceso de desconcentración del conglomerado para adecuarlo a la Ley de medios audiovisuales y adelantó que recurrirá a la Justicia.

"El Gobierno aprobó un nuevo ataque contra el Grupo Clarín", tituló hoy el diario bonaerense Clarín, cabecera insigne del grupo, que denunció acusaciones infundadas para rechazar el plan de adecuación voluntaria.
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de Argentina decidió este miércoles que sea el Estado el que determine qué licencias deberá vender el mayor grupo de medios del país, tras rechazar la propuesta voluntaria presentada por Clarín por encontrar vínculos societarios entre las partes en las que proponía dividirse.
"Mientras demora las propuestas de otras empresas, la Afsca resolvió sobre tablas la adecuación compulsiva del Grupo Clarín", continuó el rotativo.
En una videoconferencia con el titular del organismo regulador estatal, Martín Sabbatella, con motivo de la conmemoración, este viernes, del quinto aniversario de la Ley de medios, la presidenta argentina, Cristina Fernández, defendió la aplicación de la norma como garante de la libertad de expresión y la democracia.
"Si los medios concentrados del poder nos elogiaran, no estaríamos haciendo bien las cosas", dijo la mandataria.
En la conversación que mantuvo con Fernández, Sabbatella respaldó la decisión adoptada por el organismo que dirige porque "la ley es la ley y la tiene que cumplir como todo el mundo".
En la misma línea se expresó en su rueda de prensa diaria el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, quien afirmó que lo único que se está haciendo es "aplicar la ley" y negó que se estuviera dando al grupo Clarín un trato desigual.
Capitanich acusó al grupo multimedia de ejercer un "absolutismo monárquico" para poder seguir enviando un "mensaje unidireccional" que viola la libertad de expresión.
El jefe de ministros sostuvo que los "grupos mediáticos concentrados no defienden la libertad de expresión" sino "sostener su libertad de prensa para extorsionar a los gobiernos en virtud de sus propios intereses".
La decisión de la Afsca reabrió la polémica por la intervención del Ejecutivo de Cristina Fernández en las empresas y provocó una lluvia de críticas desde la oposición que considera que se trata de una medida política, más que técnica.
El socialista Hermes Binner, precandidato presidencial por el Frente Amplio Unen, afirmó en declaraciones a la televisión local que la ley de medios "tiene que aspirar a cuidar a todos, no solo a unos" e indicó que la actual es propia de "gobiernos duros, no de democráticos".
Diputados del partido Propuesta Republicana (Pro) pidieron que Sabbatella concurra "en forma urgente" al Congreso para explicar la decisión del organismo que encabeza por considerar que ha incurrido "en múltiples arbitrariedades".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) calificó la medida de "intempestiva, discriminatoria y que no se ajusta a las pautas oportunamente fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
En un comunicado, Adepa asegura que el organismo regulador estatal "insiste con hacer interpretaciones selectivas de la llamada ley de medios, para beneficiar a grupos afines al oficialismo y perseguir a quienes tienen posiciones críticas".
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso argentino en 2009, fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La Ley quedó en firme 2013 cuando la Corte Suprema rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad alegadas por el Grupo Clarín, lo que obligó al conglomerado a presentar un plan de adecuación voluntaria que contemplaba la división en seis partes.
La Afsca había aprobado la partición pero ayer rechazó los accionistas a los que se iban a transferir las licencias por entender que existen vínculos entre ellos.
En las páginas de la edición de Clarín de hoy, el grupo califica la decisión de la Afsca de "brutal y política" y desmiente los supuestos vínculos.