lunes, 15 de diciembre de 2014

El cierre de Google News no impedirá al ciudadano el acceso a las noticias

MADRID.- El cierre de Google News en España, anunciado por Google para no pagar a los editores por difundir sus contenidos, castigará sobre todo a los grandes medios que reducirán sus ingresos, pero no impedirá el acceso al ciudadano a las noticias que podrán hacerlo como siempre desde el buscador, según expertos.

Los juristas advierten de que la nueva ley en España sobre Propiedad Intelectual (LPI) que obliga a la tecnológica a pagar por usar las noticias de los medios en su servicio Google News es la más restrictiva en Europa en relación con el tratamiento a los agregadores de noticias en internet.
En su opinión, Google habría actuado así para marcar su territorio y advertir a las autoridades legislativas en España de que no se eche más leña al fuego en la redacción final de una ley que va contra sus intereses, en vísperas de entrar en vigor inicialmente el 1 de enero próximo.
Hasta el momento, Google sólo ha confirmado que cerrará el próximo martes Google News en España, pero no se ha pronunciado sobre si se plantearía algún cambio en su buscador, que podría hacerlo, como consecuencia de los cambios legislativos, aunque inicialmente esa idea parece improbable, ha explicado el profesor, abogado y consultor de estrategia digital Borja Adsuara.
Inicialmente Google no habría de verse animado a reestructurar el funcionamiento tradicional de su buscador desde donde siempre se ha accedido fácilmente a las noticias por parte de la mayoría de la gente, porque la nueva normativa que le obliga a pagar no le afectaría en este caso, según los expertos.
El pago "irrenunciable" a los medios que pasaría a exigirse a Google por el servicio Google News y que ha motivado el anuncio de su cierre viene propiciado por el formato en el que se muestran los contenidos a modo de listado ordenado o "clipping" de prensa.
En el caso del buscador, los resultados de las noticias se visualizan distinto, mezcladas y combinadas con otros recursos como blogs, webs, vídeos, etc, por lo que inicialmente no le perjudicaría la nueva normativa.
Según los expertos, el anuncio de Google parece un toque de atención: la decisión drástica habría sido anunciar el final de la indexación de noticias desde el propio buscador; eso sí habría sido "un órdago a lo grande", ha puntualizado el abogado experto en nuevas tecnologías Víctor Salgado.
Ha explicado que el no haberlo hecho, al menos hasta el momento, hace pensar que la reciente estrategia de Google sería mostrar su poder y lo que podría hacer si finalmente se castigara aún más a los agregadores de noticias en la redacción final de la normativa.
Google quiere eliminar cualquier "resquicio" que pudiera alentar a legisladores de otros países a desarrollar normativas tan restrictivas como la española, ha puntualizado por su parte Adsuara.
"Se ha forzado tanto la maquinaria" contra Google en España, para sentarse a negociar posibles acuerdos con el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la mesa, que las cosas han llegado a un punto muy difícil ya para dar marcha atrás, ha añadido.
Ambos coinciden en que sólo una nueva ley podría eliminar la obligatoriedad incorporada en la nueva LPI de pagar a los medios por el uso de sus contenidos; precisan que el desarrollo reglamentario concretará aspectos, pero no puede vaciar el contenido de la obligación legal.
Recuerdan que son los propios medios los que solicitan bajo la aceptación de una serie de condiciones que se les incluya en Google News, y por eso, Google considera un sinsentido que se le quiera cobrar por ese servicio voluntario.
Los juristas destacan que el punto crucial de la disputa de intereses causada por la ley española es si puede consagrarse como "irrenunciable" un derecho al que algunos periódicos quieren renunciar y la legislación no les deja.
Esa condición incluida en la ley española puede incluso provocar pleitos, porque el principio del derecho de autor es que éste puede hacer con su obra lo que quiera, incluso regalarla o destruirla, si así lo decide, advierte Adsuara.
Tal como se ha redactado la nueva LPI, "aunque los propios titulares de las noticias quieran renunciar al cobro no podrán hacerlo, y además sólo percibirán las contraprestaciones a través de entidades gestoras", añade Salgado.
Las primeras disputas sobre editores y Google sobre este tema afloraron en Bélgica, luego en Francia y posteriormente en Alemania y Brasil, con el plante de periódicos que finalmente recularon en todos los casos porque les perjudica estar fuera de Google News.
En el resto de países, al contrario que en España, las legislaciones no incluyen el término "irrenunciable", de modo que los medios son libres para elegir si cobran o no a Google por incorporarse a su servicio.
En Francia se ha llegado a un acuerdo con los medios, creando un fondo cofinanciado por Google, pero no por el uso de los contenidos, sino para ayudar al sector a desarrollar proyectos periodísticos más competitivos en el entorno digital.