jueves, 11 de diciembre de 2014

El ministro Wert explica que Google se ha adelantado a la negociación sobre cómo se pagará la tasa en España

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha explicado hoy que, con su decisión de cerrar Google News en España, Google "se ha adelantado" al desarrollo reglamentario de la ley que establece la forma de negociar entre agregadores de noticias y medios de comunicación.

Wert, en declaraciones a los medios en el Congreso, se ha pronunciado así sobre la decisión de Google de cerrar el próximo 16 de diciembre su servicio de noticias como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
El ministro ha precisado que, aunque la ley entra en vigor el 1 de enero, la denominada "tasa Google", que obligará a los agregadores de contenidos a compensar económicamente a los editores titulares de los derechos de esa información, no se aplicará hasta que no se desarrolle reglamentariamente.
Ese desarrollo establecerá la forma en la que los medios de comunicación y los agregadores de noticias negocian la compensación "equitativa" por el uso que los segundos hacen de las noticias propiedad de los primeros.
Wert ha recalcado que la previsión es que las tarifas de compensación se establezcan mediante esa negociación y que, sólo en caso de no haber acuerdo, se recurra al mecanismo de fijación de precios establecido en la ley a través de la Comisión de la Propiedad Intelectual.
Y ha matizado que, aunque esta medida se ha tomado para "proteger" a los medios de comunicación, si no quieren percibir esa compensación o quieren evitar la retirada del servicio de agregación por no ver reducido su tráfico, pueden negociar con el agregador en las condiciones que consideren oportunas.
Fuentes del Ministerio han precisado que los medios de comunicación no podrán negociar individualmente con los agregadores, sino a través de las asociaciones de editores que les representan.
El responsable de Educación y Cultura ha incidido en que esta reforma va en la línea de lo establecido en otras legislaciones nacionales y de lo que busca la Unión Europea y ha insistido en que la opción avanzada por Google es "una decisión empresarial".
En ningún caso, ha subrayado, los usuarios tendrán que pagar por la utilización de los servicios de agregación ni se verán privados de información, a la que podrán acceder directamente desde los medios de comunicación, de los motores de búsqueda o del resto de agregadores de contenidos.