jueves, 18 de diciembre de 2014

El PP contra internet / Ramón Cotarelo *

Antes de ayer, de madrugada (02:30 am), cerró Google News en español en respuesta al canon AEDE que el PP ha impuesto con efectos del 1º de enero próximo por la presión de los grandes periódicos (lo "grandes" es un decir) en la nueva ley sobre la propiedad intelectual. 15 horas después, el tráfico exterior de los medios españoles había descendido en un 15%, según se aprecia en el gráfico públicado por Gigaom que a su vez cita un estudio de Chartbeat, una empresa de análisis de la red.
A partir del 1º de enero todo el que enlace a contenidos de los medios tiene que pagar, incluso aunque los medios estén en código abierto, bajo licencia copyleft, ya que se trata, según dice la ley, de un "derecho inalienable". La decisión de Google, por tanto, es una respuesta movida por el interés y tiene considerable efecto porque daña la difusión de los contenidos de los medios. 
De hecho, es la experiencia que se extrajo de la llamada tasa Google, aplicada antes en Alemania. Dado que allí el pago no era obligatorio, Google suprimió todos los enlaces de los medios que cobraban y, ante el descenso de tráfico, fueron los mismos medios los que retiraron la exigencia de cobrar. Aquí, los editores de AEDE quisieron curarse en salud e hicieron obligatorio el canon pero, al parecer, ya están presionando al gobierno de nuevo para que busque una solución el problema planteado por el cierre de Google, que los daña más que el régimen de libre enlace.
Por supuesto, el canon no afecta solo a Google sino a todos los que enlacen a contenidos ajenos, a agregadores de noticias, sitios como Menéame que quizá no tengan la capacidad de resistencia y presión que tiene Google. Frente a la libre circulación de información en la red el Gobierno adopta una actitud similar a la que tiene en todo lo demás, por ejemplo, en materia de orden público: restringir las libertades y derechos haciendo imposible su ejercicio por vías económicas, tasas, sanciones, multas. En la red, algo parecido.
Es obvio que quienes elaboran contenidos deben tener una justa retribución pero también lo es que este no es el procedimiento más adecuado porque causa mayores perjuicios de los que evita. Si la restricción se hace por razones económicas, empresariales, de coste beneficio, el canon habrá de modificarse, si no suprimirse. No se trata de dejar desamparados los derechos de autoría, pero sí de buscar una solución que no dañe precisamente los intereses que quiere proteger.
Pero si se hace por razones ideológicas, lo más sensato es mantener el canon, con lo que se cerrarán innumerables sitios, el tráfico se reducirá y se pondrá sordina a las redes sociales, un territorio de generalizada crítica política y movilización de la ciudadanía. Es un primer paso en la dirección que llevan todos los sistemas autoritarios: controlar internet. Y en algunos casos en los que la afición a reprimir se mezcla con la incompetencia, si no se puede controlar internet, matarla.
Pero eso es imposible. Internet son los nervios de la sociedad y no se puede cerrar porque la sociedad se pararía en horas. Eso sin contar con que el tráfico exterior actuaría como si el país fuera una especie de agujero negro de la red. La red no se puede cerrar y el Gobierno hará el ridículo una vez más. 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED