domingo, 25 de octubre de 2015

Grecia regula la adjudicación de licencias para que las televisiones paguen costes

ATENAS.- El Parlamento griego ha regulado el sistema de adjudicación de frecuencias televisivas, después de que durante 26 años las cadenas privadas hayan funcionado con licencias caducadas y sin pagar por los costes de emisión.

La Cámara aprobó este fín de semana esta ley únicamente con el apoyo de la coalición gobernante, la izquierdista Syriza y los nacionalistas de derechas Griegos Independientes, ya que toda la oposición votó en contra con excepción del Partido Comunista, cuyos miembros no estuvieron presentes.
La regulación de las adjudicaciones de licencias televisivas fue una de las promesas centrales de Syriza en las elecciones de septiembre pasado, dentro de la lucha contra la corrupción y el clientelismo político.
El Gobierno ha defendido que esta norma servirá para acabar con "un periodo de oscuridad que ha generado ilegalidad y corrupción", y con el objetivo de cambiar "la costumbre de otorgar derechos de frecuencias públicas sin una subasta legal y transparente".
Las disposiciones de la ley que crearon mayor rechazo en la oposición fueron las que permiten al ministerio encargado de los medios determinar el número de licencias disponibles y el precio inicial de la subasta.
"El comportamiento del Gobierno recuerda al pasado. Estamos frente a un intento global del Ejecutivo de controlar las autoridades independientes", destacó el diputado de la conservadora Nueva Democracia Kyriakos Mitsotakis.
El ministro de Estado Nikos Pappás, cuyo departamento administra las competencias sobre medios, se ha defendido de las críticas argumentando que el procedimiento lo gestionará el Consejo Nacional de Radiotelevisión.
Añadió que la única atribución de su ministerio "es fijar el número de las licencias y el precio inicial de la subasta", para lograr "un esquema que sea operativo".
La ley establece que habrá una subasta internacional para licitar las frecuencias a nivel nacional y local por un periodo de diez años, que organizará el Consejo Nacional de Radiotelevisión, la autoridad independiente encargada de la supervisión de las radios y las televisiones del país.
En este proceso, las cadenas privadas ya existentes no tendrán un trato preferencial, sino que deberán cumplir los requisitos.
Entre ellos la obligación de disponer de un capital propio de ocho millones de euros, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de instalaciones adecuadas, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral.
No tienen derecho a participar en el procedimiento sociedades cuyos accionistas están en empresas implicadas en obras públicas, por razones de transparencia.
Todas las cadenas privadas griegas están fuertemente endeudadas con los bancos, Hacienda y la Seguridad Social.
Además, los propietarios de una de las cadenas privadas más importantes, Mega, son a la vez dueños del mayor grupo de construcción del país, que lleva a cabo obras públicas por valor de varios miles de millones.
La ley contempla además la creación de una sociedad filial de la radiotelevisión pública griega (ERT), que proveerá de señal digital; de un centro nacional de medios audiovisuales (EKOME), que se encargará de la digitalización y la preservación de los archivos audiovisuales; y de un registro oficial de los medios digitales.
Para incluirse en el registro, acto que será voluntario, los medios digitales deberán presentar la lista de sus accionistas y respetar la legislación laboral.
En contrapartida tendrán derecho a acceder a los archivos de ERT, de EKOME y de la agencia pública de noticias (AMNA) y a disponer de una parte de la publicidad pública.
El Consejo Nacional de Radiotelevisión ha trasladado sus reservas sobre el contenido de la norma.
En una carta dirigida al Gobierno, el ente afirma que la ley no tiene en cuenta los cambios tecnológicos que se han producido en el sector ni tampoco el diálogo que se desarrolla a nivel europeo sobre este asunto.