MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) alertó de los casos de corrupción vinculados con medios de
comunicación y a periodistas de Paraguay en el informe presentado este
lunes en la 75ª Asamblea General de la organización que se reunió en
Miami (EE.UU.).
En el documento, la sociedad enumera
varias investigaciones judiciales como la que abrió la Fiscalía en abril
pasado contra el senador del gobernante Partido Colorado Javier
Zacarías Irún por pagar presuntamente a periodistas para favorecer su
imagen.
Según el Ministerio Público, el parlamentario destinó
fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este, la segunda localidad más
grande del país, para captar con dinero a 30 periodistas y siete medios
de comunicación para que se posicionasen a su favor y en el de su
esposa, Sandra Mcleod, exintendenta del municipio.
Con dinero municipal también se pagó supuestamente la producción de
programas de entretenimiento con fines políticos, uno de ellos conducido
por Javier Zacarías McLeod, hijo del senador y la intendenta.
El matrimonio, conocido popularmente como el Clan Zacarías, tiene otras
causas abiertas en la Justicia desde septiembre de 2018 por delitos de
enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
En la lista de casos, la SIP también recordó que un total de siete
periodistas aparecieron en la agenda incautada al exdirector del
Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada de la
Dirección de Aduanas (Detave), Ramón Benítez, detenido en abril e
imputado por liderar una red de sobornos y contrabando.
El nombre de los comunicadores aparecía junto a datos de cobro y pago
de dinero en la investigación de una trama en la que también se vieron
envueltos seis funcionarios y un policía por delitos de asociación
criminal, cohecho pasivo agravado y contrabando.
Otro
de los casos que reporta la SIP es el intento de soborno que
protagonizó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien trató de pagar a
un periodista local del diario ABC Color que investigaba
irregularidades en una licitación pública por valor de 23 millones de
dólares.
El comunicador documentó con una grabación
cómo fue convocado a una reunión en la que el parlamentario y el dueño
de la empresa implicada le ofrecieron el pago de 10 cuotas que adeudaba
de su auto y un puesto de trabajo para su novia, a cambio de suspender
sus publicaciones.
Además de los casos de corrupción,
el informe también denunció malas praxis de los grupos políticos, como
el proyecto de ley que presentó el Partido Liberal, líder de la
oposición en Paraguay, que "limitaría el libre acceso a la información
pública".
La SIP criticó que la norma facilitaría la
eliminación de datos personales como las declaraciones juradas de los
funcionarios y que obligaría a solicitar una autorización para solicitar
información.
Asimismo, la organización también
recopiló en el documento algunas expresiones de los políticos paraguayos
en contra del trabajo que realizan los medios de comunicación.
En ese sentido, la SIP cita las declaraciones del presidente Mario Abdo
Benítez, quien acusó a la prensa de manipular la información, durante
la crisis que sufrió su Gobierno por la firma de un acta de contratación
de potencia energética de la represa de Itaipú, compartida con Brasil.
La polémica se saldó con la dimisión de cinco cargos del Ejecutivo y el
intento de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente,
Hugo Velázquez, que no llegó a prosperar.
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