Las restricciones a la actividad de la prensa tornó casi imposible verificar de manera independiente los incidentes de violencia y las detenciones.
La lista de detenidos incluye a los periodistas independientes Keyvan Samimi y Reza Tajik.
Soltani, Tajik y Samimi participan en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos que lidera la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, y que fue clausurado por las autoridades, y también en el Comité sobre Detenciones Arbitrarias creado por varias organizaciones de derechos humanos.
"Las voces de Soltani y Tajik son muy importantes en la comunidad de los derechos humanos. Sus arrestos tienen el evidente objetivo de impedir que informen" al exterior, dijo Hadi Ghaemi, de la Campaña para los Derechos Humanos en Irán con sede en Nueva York.
"Ahora, con tantos detenidos incomunicados, tememos que sufran torturas y maltrato", advirtió Ghaemi.
"El gobierno intenta frenar el libre flujo de información y noticias", dijo Reza Moini, de la organización defensora de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras, con sede en París. "Por eso expulsan a los periodistas extranjeros y encarcelan a los iraníes."
Desde el día 13 fueron arrestados 23 periodistas, aseguró Moini. Entre ellos figuran Mohammad Ghoochani, director del diario Etemad-e Melli, y los independientes Ahmad Zeidabadi, Mahsa Amrabadi, Jila Baniyaghboub y Bahman Ahmadi Amoui. Etemad-e Melli está vinculado con Karroubi y con Rajab Ali Mazroui, presidente de la Asociación de Periodistas de Irán.
La ola de arrestos no se limita a la capital. Mojtaba Mohsen Pour fue detenido en Rasht, Ruhollah Shahsavar en Mashad y Mashallah Heydarzadeh y Hamideh Maahozi en Bushehr.
También sufrió arresto el periodista iraní-canadiense Maziar Bahari, colaborador de la revista estadounidense Newsweek, quien cubría las elecciones.
"Algunos de estos periodistas están sometidos a severas presiones en la cárcel y su situación es extremadamente preocupante", alertó Moini. "Los funcionarios judiciales y en la cárcel de Evin no son confiables y no brindan a las familias información sobre la situación de los detenidos."
Muchos arrestos fueron efectuados por oficiales con vínculos poco claros con las agencias de seguridad del Estado. En muchos casos no presentaron órdenes de detención. Los funcionarios judiciales y carcelarios no hacen esfuerzos por explicar los arrestos o de asumir las responsabilidades de cada caso.
Las viviendas de muchos detenidos han sido registradas y requisadas propiedades personales, entre ellas computadoras.
"Los arrestados no han sido sometidos a proceso judicial y carecen de acceso a abogados y de contacto con sus familiares. Eso demuestra de que está en curso un proceso extrajudicial que puede derivar en desastrosas violaciones de derechos humanos", advirtió Ghaemi.
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