viernes, 31 de julio de 2009

La CIDH condena el asesinato de un periodista en México y pide una investigación

MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del periodista radiofónico Juan Daniel Martínez Gil en Acapulco, estado de Guerrero, y pidió a las autoridades mexicanas que investiguen los hechos.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH exigió al Gobierno de México que esclarezca "pronto" si los hechos estuvieron vinculados con la actividad periodística del comunicador asesinado.

También urgió a las autoridades a juzgar y sancionar debidamente el asesinato de Juan Daniel Martínez Gil, y les instó a que pongan en práctica los mecanismos adecuados para proteger a los periodistas en todo el territorio mexicano.

El cuerpo sin vida del periodista, de 50 años, presentador de un programa de noticias en W Radio y de "Guerrero en vivo" de la emisora Radiorama Acapulco, fue hallado la noche del pasado lunes en un terreno baldío del balneario de Acapulco con señales de golpes y el rostro cubierto con cinta adhesiva.

La relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero (en la imagen), destacó que en lo que va de año al menos nueve periodistas fueron asesinados en el continente americano por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión.

Tres de esos periodistas fueron asesinados en México.

Funes celebra junto a sus antiguos colegas el 'Día del Periodista' en El Salvador

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, celebró hoy junto a sus antiguos colegas el Día del Periodista, y les aseguró que tienen "todo el derecho a fiscalizar el ejercicio gubernamental".

"Yo también ejercí como ustedes el periodismo desde diferentes trincheras", afirmó Funes durante un agasajo organizado por la Casa Presidencial, y recordó que ejerció esta profesión durante 21 años.

Señaló que el periodismo es una de las profesiones "de más alto riesgo y de las más sacrificadas", e indicó, al referirse a su "salto" desde la prensa a la Presidencia, que "es muy difícil" que desde los medios "no se pueda hacer política", aunque cuestionó la "política partidista".

"Las agendas se discuten primero en los medios", admitió el jefe de Estado salvadoreño, quien en su época como periodista fue considerado un incisivo entrevistador.

Funes anticipó que en adelante su Gobierno buscará una relación "expedita" con los medios, e indicó a sus antiguos colegas que "tienen todo el derecho a fiscalizar el ejercicio gubernamental, porque si no, no son periodistas".

"No puede haber un buen gobierno ni se puede ejercer un buen gobierno si no hay una fiscalización de parte de los medios", agregó el mandatario, quien recordó algunas anécdotas con sus ex compañeros.

El 31 de julio, por decreto legislativo, se celebra el Día del Periodista en El Salvador, para recordar la aparición, en 1824, de El Semanario Político Mercantil, considerado el primer periódico del país.

El Salvador vivió una guerra civil entre 1980 y 1992, durante la cual numerosos periodistas debieron refugiarse en otros países, tras ser amenazados por su labor, y otros tantos murieron, entre ellos cuatro holandeses que perdieron la vida en 1982 en una emboscada del Ejército.

México y narcotráfico: trampa para los periodistas

MÉXICO.- El narcotráfico ha sembrado el terror en la población mexicana en los últimos años, pero desde 2008, la feroz mano de los amos de la droga mexicana además se está cebando con los periodistas. Tras el asesinato y tortura de Juan Daniel Martínez Gil, el pasado miércoles, se contabilizan 17 muertes de comunicadores en los últimos 18 meses. Además los periodistas mexicanos han sufrido diez atentados en lo que va de año.

La muerte de Juan Daniel Martínez Gil, de 50 años, presentador de los informativos de la emisora de Acapulco Radiorama, ha confirmado la terrible realidad que están viviendo los periodistas mexicanos, se han convertido en un objetivo del despiadado narcotráfico del país americano. Los actos de extrema violencia, torturas y atentados han situado a Mexico como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.

Las cifras son terribles. Desde que empezara el año 2008 hasta este último asesinato, se han registrado 17 muertes de periodistas en tierras mexicanas; en ese mismo periodo se han producido más de 360 agresiones contra periodistas, según la Fundación Buendía, que se encarga de contabilizar todos los sucesos violentos contra medios de comunicación en el país latinoamericano.

Omar Raúl Martínez, coordinador de este informe, expone los datos de estos últimos años en México y explica la terrorífica evolución: "estas cifras son abrumadoras considerando que en el informe Buendía 2007 se consignaron 113 agresiones".

El analista asegura además que "no es gratuito que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los períodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en tres lustros".

La situación es muy angustiosa para los medios de comunicación, que a lo largo de 2009 han sufrido 147 actos de agresión, entre los que se registran cinco homicidios, 10 atentados y 46 agresiones físicas.

Casos como el de Martínez Gil se están acumulando a un ritmo preocupante. El cadáver del periodista fue hallado el pasado martes 28, cerca del puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero; estaba enterrado, con cinta aislante cubriéndole la cara, un trapo metido en la boca, golpeado, hinchado y sin camisa.

Reporteros sin fronteras ha hecho pública la cifra de muertes de periodistas mexicanos a manos del narcotráfico en los últimos años: "El crimen de Martínez Gil se inscribe en la creciente oleada de violencia contra los periodistas mexicanos y eleva a 50 el número de víctimas desde el año 2000".

México se ha convertido en el país con más muertes de periodistas en los últimos dos años, superando a Colombia, que es el estado con más muertes de periodistas desde el año 2003. El incremento de brutalidad y violencia de las redes de narcotráfico es el triste protagonista de la actualidad mexicana, que en 2008 provocó la muerte de 5.630 personas, lo que representa un escalofriante incremento del 110,6 por ciento con respecto a 2007.

La evolución exponencial de la violencia de los narcotraficantes, los últimos acontecimientos y el asesinato de Martínez Gil, están trasladando, lamentablemente, a los periodistas del puesto de narrador al de protagonista de la noticia, según el relato de 'El Imparcial'.

Denuncian amenazas de muerte contra periodistas radiales en El Salvador

SAN SALVADOR.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció hoy las amenazas de muerte vertidas contra periodistas de Radio Victoria, una estación comunitaria que opera en el nordeste del país, y el Gobierno se comprometió a investigar los hechos.

La relatora de libertad de expresión de la APES, Adriana Valle, indicó que condenan "fuertemente" los hechos, ya que van "en detrimento de la libertad de expresión".

Explicó que Radio Victoria tuvo que "cesar sus transmisiones" el jueves debido a que unos desconocidos dañaron la antena de la estación, ante lo cual hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación a fondo de esta acción, así como de las amenazas de muerte.

Por su parte, José Beltrán, un periodista de la emisora, indicó que desde hace unas semanas él y los reporteros Ludwin Iraheta y Vladimir Abarca han sido amenazados de muerte por medio de cartas anónimas y mensajes de texto a sus teléfonos móviles.

Agregó que la amenazas, que esta semana se intensificaron y se extendieron contra otros miembros de la radio, comenzaron desde la "desaparición de Marcelo Rivera", un líder social del municipio de San Isidro, 61 kilómetros al noreste de San Salvador.

Rivera fue un ferviente opositor a la construcción de una mina para la extracción de metales preciosos que planea hacer en esa zona la compañía canadiense Pacif Rim, aunque el Gobierno salvadoreño se ha negado a dar los permisos de explotación a esta empresa.

Rivera desapareció el 18 de junio y su cadáver fue encontrado doce días después con señales de tortura. La policía atribuyó el crimen a las pandillas que operan en la zona.

"Nos dicen que nos callemos, que nos van a matar por eso (por denunciar el asesinato de Rivera)", expresó el periodista.

"Esta semana las amenazas se han agudizado, ya no son contra tres reporteros de la radio sino contra el personal entero, han boicoteado la antena", explicó Beltrán.

El periodista se reunió hoy con el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, en el marco de un agasajo con motivo del Día del periodismo en El Salvador realizado en la Casa Presidencial.

Beltrán afirmó que Funes le expresó su solidaridad y se comprometió a reunirse con las autoridades policiales para investigar las amenazas.

El mandatario, al ser consultado por la prensa sobre el hecho, dijo que trabajará para "preservar la integridad física de los periodistas" y para que Radio Victoria "pueda retornar" a sus operaciones.

"Que cuenten con mi solidaridad y trabajo para poder sacar adelante a esta radio", puntualizó el mandatario.

El Gobierno venezolano apoya a la Fiscalía que propone cárcel por delitos mediáticos

CARACAS.- El Gobierno venezolano expresó hoy su apoyo al proyecto de ley presentado por la Fiscalía que prevé penas carcelarias por "delitos mediáticos", lo que ha sido rechazado por gremios de periodistas y editores.

"Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", dijo el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a la emisora VTV de la red estatal de televisión.

Cabello dirige el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que esta semana abrió "procesos administrativos" a 50 de las 240 emisoras privadas de radio a las que acusa de operar "ilegalmente" y que afrontan la amenaza de que sus permisos de transmisión sean revocados y sus equipos decomisados.

"El país reclama" que la libertad de expresión "sea regulada", agregó hoy Cabello.

Los funcionarios del Gobierno "estuviéramos preocupados" si los gremios y la oposición partidista, que "saben que enferman" a través de los medios de comunicación, dijo, "estuvieran aplaudiendo" su decisión y la de la Fiscalía.

La titular de la Fiscalía, Luisa Ortega, presentó la Ley contra Delitos Mediáticos en la Asamblea Nacional (AN, unicameral), de mayoría oficialista, ante cuyo plenario dijo que así debe hacerse frente a "nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

Uno de los artículos del proyecto establece que "toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (...) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años".

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".

"El cerco contra emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política" son formas del "ataque" del Gobierno contra la sociedad, agregó el CNP.

Adicionalmente, Teodoro Petkoff, editor del diario capitalino Tal Cual, asimismo crítico de la gestión de Hugo Chávez, consideró que el texto de la Fiscalía es la propuesta "legal más salvaje y brutal que ha sido conocida por el país en su historia contemporánea" y que no logra esconder "una inspiración hitleriana".

Venezuela presenta un proyecto de ley de prensa con penas de cárcel

CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley sobre delitos mediáticos que incluye penas de cárcel para los profesionales de la información que la infrinjan.

En su exposición ante los diputados, Díaz pidió que el Estado regule la libertad de expresión y el comportamiento de los medios de comunicación. "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión", aseguró.

Si bien reconoció que se trata de un derecho, Díaz subrayó: "En el marco del derecho de los venezolanos, todo tiene un límite".

"Reclamo que se le ponga un límite a ese derecho", agregó. Según el proyecto de ley publicado este jueves por la prensa local, se podría sancionar hasta con cuatro años de cárcel a los infractores de esta ley.

El borrador de la ley explica que una persona que divulgue una información considerada "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental", habrá incurrido en un "delito mediático" y podrá ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.

Para la fiscal, el "ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información" enfrenta al Estado a "nuevas formas de criminalidad".

"Los medios no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles (...) no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad. Por el contrario deben cumplir una función educativa", resaltó.

Entre los delitos tipificados se incluye "la negativa a revelar información" y la "omisión voluntaria de suministrar información", que chocarían con el derecho de protección de las fuentes periodísticas, un comportamiento que puede merecer penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.

El Colegio Nacional de Periodistas fustigó en un comunicado el proyecto por considerar que "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas" y sostiene que busca "amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

Sin embargo, para la fiscal, que confió en que este proyecto de ley contará con el apoyo del Parlamento --controlado por el oficialismo-- está en juego la libertad de expresión frente la seguridad de la nación. "Si lo colocamos frente a la libertad de expresión debe prevalecer la seguridad de la nación", zanjó.

Además de esta ley, el gobierno del presidente Hugo Chávez estudia modificar otras normas que afectarán el oficio periodístico, como la ley de Telecomunicaciones o la de televisiones por cable. Numerosos medios de comunicación privados han denunciado una arremetida legal contra la prensa crítica con el proyecto político de Chávez.

En 2007, el gobierno venezolano no renovó la concesión a la televisión privada RCTV, muy crítica con el ejecutivo. Otra televisora privada, Globovisión, ha sido directamente amenazada de cierre en estas semanas por las autoridades venezolanas.

Piden a un tribunal colombiano suspender una orden de arresto contra un periodista

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a dos organizaciones de medios de comunicación de Colombia pidieron hoy a un tribunal de ese país que deje sin efecto la orden de arresto y la multa contra el director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García-Peña.

La SIP, la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) consideraron en un comunicado que la medida constituye una modalidad de censura prohibida por la Constitución de Colombia y viola la libertad de información.

Una juez de Bogotá analizó 11 afirmaciones contenidas en el artículo "El contacto de Sale", publicado por la revista Cambio en 2008, sobre informaciones y opiniones en las que se menciona al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo y al ciudadano Giorgio Sale.

De las 11 frases analizadas, la juez consideró que solo dos de ellas contenían imprecisiones y debían ser rectificadas, explicaron las organizaciones.

La publicación realizó la correspondiente rectificación, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y reiterados por el Tribunal Superior de Bogotá, al dictar el fallo de segunda instancia.

No obstante, la juez atendiendo la solicitud formulada por el magistrado Escobar Araújo, ordenó el desacato, aduciendo que la rectificación carecía del reconocimiento expreso del error.

En opinión de Andiarios, Asomedios y la SIP este argumento es "incomprensible si se toma en cuenta que toda rectificación lleva implícito el reconocimiento de un error".

"Privar de la libertad a un periodista bajo un argumento tan insignificante constituye una afrenta de proporcionales incalculables y crea un grave precedente contra la actividad periodística", subrayaron.

Consideraron que la tutela es una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y creen que, si bien es deber de todos respetar los fallos judiciales, estos deben realizarse bajo "los más estrictos parámetros de equidad y de justicia".

De esa forma, puntualizaron, se evita para que la protección de unos derechos genere la vulneración de otros que, como "en el caso de la libertad de información, gozan de especial protección constitucional".

Las tres organizaciones de prensa recordaron que recientemente, frente a un desacato promovido también por el magistrado Escobar Araújo contra Alejandro Santos, director de la revista Semana, la Corte Constitucional lo dejó sin sustento al considerar que la rectificación se había hecho correctamente.

"Resulta nefasto para la libertad de prensa que se dicte una orden de arresto contra un periodista que ha actuado en derecho, atendiendo para la rectificación los parámetros establecidos por la Corte Constitucional; más aún cuando se trata de informaciones orientadas a ejercer la función fiscalizadora de los medios, frente a actuaciones de funcionarios judiciales", señalaron.

Las organizaciones dijeron que con frecuencia los funcionarios públicos utilizan las acciones judiciales contra medios y periodistas para restringir la libertad de información, por lo cual los jueces en estos procesos deben actuar con el máximo rigor.

"En este caso y en otros promovidos por el magistrado Escobar Araújo preocupa la dificultad que entraña para un juez pronunciarse en contra de quien, en su condición de miembro del Consejo Superior de la Judicatura, tiene la posibilidad de influir en diversos aspectos de su cargo y funciones", apuntaron.

Expresaron confianza en que en la revisión del incidente de desacato el Tribunal Superior de Bogotá hará un "examen equilibrado en el que prevalezca la libertad de expresión e información, dado que ya la revista hizo las rectificaciones que el juez le ordenó y cumplió al hacerlo con lo establecido en el propio fallo de apelación del Tribunal".

HRW condena el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" en Venezuela

WASHINGTON.- La organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" impulsado por el Gobierno de Venezuela, y afirmó que se trata de una "receta para la censura" incompatible con la libertad de expresión.

En un comunicado, la organización condenó la propuesta de la Fiscalía de Venezuela de incluir una serie de "castigos" contra medios de comunicación en el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos que actualmente prepara la Asamblea Nacional.

La propuesta prevé "castigar" a los medios que "causen pánico" en la población o "perjuicios" a los "beneficios" del Estado, a los que "manipulen" o "tergiversen" y a los gerentes que amenacen o coaccionen a la población, según la fiscal general del Estado, Luisa Ortega.

"Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión", añadió Vivanco.

HRW denunció que el proyecto de ley contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes divulguen información que produzca un "perjuicio a los intereses del Estado", y aseguró que la propuesta sucede a una serie de medidas que las autoridades del país adoptaron este mes y que "atentan gravemente contra la libertad de expresión".

La organización señaló también que, en caso de ser sancionada, la propuesta de ley presentada por la Fiscalía constituiría "una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión", incluido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión", sentenció Vivanco.

La organización también denunció el proceso abierto este mes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra cuatro canales de televisión y dos estaciones de radio por difundir una campaña publicitaria que defendía la propiedad privada.

HRW señaló que Conatel ha prohibido la difusión de anuncios "similares" a estos, en lo que considera una definición "amplia" que dificulta a las cadenas "determinar cuáles avisos no deberían ser transmitidos".

Según Vivanco, esta "prohibición generalizada" de difundir avisos en los cuales se critica una propuesta legislativa oficial "limita el debate público, que es un componente clave de cualquier sociedad democrática".

La organización también rechazó la propuesta del ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, de "obligar a los canales de cable que cuenten con más del 30 por ciento de programación venezolana a transmitir en directo las cadenas presidenciales cuando el presidente Chávez así lo disponga".

"Durante años, Chávez ha abusado de su poder para tomar el control de las señales de aire con el fin de impulsar su agenda política", dijo Vivanco.

"Ahora está extendiendo este abuso a los canales de cable, que no suelen estar sujetos a este tipo de prácticas", añadió.

Según la organización, en 2009 Chávez ha obligado a las estaciones a transmitir en directo 75 discursos con una duración promedio de más de una hora.

Por último, HRW acusó a la administración de Chávez de tratar de limitar "la capacidad de las estaciones privadas de radio de conformar circuitos para compartir su propia programación" y conseguir así extender su cobertura a todo el país.

El proyecto de delitos mediáticos deteriora las libertades públicas en Venezuela, según los medios argentinos

BUENOS AIRES.- El proyecto de ley venezolano sobre "delitos mediáticos" es "un eslabón más dentro del triste camino de deterioro de las libertades públicas" en ese país, "cuya sombra se cierne sobre todo Latinoamérica", dijo hoy la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

La entidad alertó en un comunicado sobre "el riesgo de que este clima autoritario y hostil se despliegue paulatinamente en otras geografías regionales, a partir de un debilitamiento deliberado de la independencia económica y editorial de la prensa".

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves ante la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, una propuesta que busca "prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación", con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones.

El Gobierno venezolano expresó hoy su apoyo al proyecto de ley, que ha sido rechazado por gremios de periodistas y editores de la región.

ADEPA opinó que, de aprobarse el proyecto, las informaciones serán valoradas de forma "discrecional" y se vulnerará "el secreto de las fuentes periodísticas".

"En definitiva, todo el articulado configura un escenario de opresión informativa para la labor periodística, lo que llevará a la autocensura o al acoso judicial permanente de los medios por el Gobierno" de Hugo Chávez, indicó la entidad que reúne a numerosos medios de Argentina.

La asociación sostuvo que Venezuela ha implementado un modelo "autoritario" de "ahogo de toda voz distinta de la oficial, persecución de medios y periodistas independientes, y la conculcación de las libertades de pensamiento, opinión e información".

"ADEPA rechaza ésta y cualquier otra iniciativa tendente a cercenar el libre ejercicio del derecho de expresión y criminalizar el ejercicio del periodismo", puntualizó.

Fuerte rechazo al proyecto de ley para "regular" la libertad de expresión en Venezuela

BOGOTÁ.- Organizaciones internacionales se sumaron hoy a periodistas y editores de Venezuela en su rechazo a un proyecto de Ley contra "delitos mediáticos" que, según el Gobierno de ese país, tiene como objetivo "regular" la libertad de expresión.

"Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", dijo hoy el ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a la emisora estatal VTV.

Las palabras de Cabello contrastan con las utilizadas por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Internacional de Radiodifusión (AIR) y Human Rights Watch en relación con el proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos presentado este jueves a la Asamblea Nacional por la fiscal general, Luisa Ortega.

Según la fiscal, el objetivo de la norma, que establece penas de cárcel para delitos mediáticos, es "regular la libertad de expresión" en Venezuela dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

Es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en Venezuela, señaló hoy la SIP por boca de su presidente, el colombiano Enrique Santos Calderón, mientras para la AIR, con sede en Montevideo, constituye "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión" en Venezuela.

La AIR solicitó a "la comunidad internacional y en especial a las democracias de la región, activar los mecanismos que permitan precaver el colapso institucional que amenaza la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela, producto del gravísimo deterioro de las libertades de pensamiento, expresión y opinión".

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela alertó el jueves que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".

Teodoro Petkoff, editor del rotativo Tal Cual y ex candidato presidencial, consideró que es la propuesta "legal más salvaje y brutal" de la historia contemporánea de Venezuela, y le atribuyó "una inspiración hitleriana", ya que -dijo- "transforma prácticamente cualquier opinión, cualquier información, en un delito".

Petkoff propuso enviar el proyecto legislativo "a todos los Gobiernos, parlamentos y los medios de América Latina y Europa, para que en el resto del mundo sepan lo que se pretende hacer en Venezuela".

La SIP, organización formada por editores de diarios de toda América, consideró que esta iniciativa es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".

El presidente de la SIP subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.

Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, pues establece un marco legal diferente para medios y periodistas.

"El Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se cometen a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.

La organización Human Rights Watch (HRW) opinó hoy que el proyecto es una "receta para la censura" incompatible con la libertad de expresión.

"Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión", añadió Vivanco.

La organización señaló también que, en caso de ser sancionada, la propuesta de ley presentada por la Fiscalía constituiría "una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión", incluido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En un comunicado, la SIP divulgó en detalle el contenido del proyecto de ley y pasó revista a lo que considera una "estrategia" del presidente Hugo Chávez para "maniatar a la prensa", que, a juicio de esta organización, comenzó ya con la reforma constitucional de 1999.

El proyecto de la Fiscalía, según su enunciado, contempla sancionar las "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

En el texto se preven penas de cárcel que van desde seis meses a cuatro años para quienes divulguen noticias falsas, manipulen noticias, se nieguen a revelar información, ejerzan coacción mediática u obstaculicen actividades de medios de comunicación.

La SIP mencionó como antecedentes sentencias judiciales como la "1013" de 2001, que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas, y la "ley mordaza" o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004.

También destaca la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005, que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación, y la aplicación de regulaciones que obligan a los medios a tener columnistas de todas las ideologías, en "una clara invasión de sus políticas editoriales".

El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el "hostigamiento" contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo, y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico, también forman parte de la "estrategia", según la SIP.

La ley de delitos mediáticos es un gran golpe a la democracia, según la SIP

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó hoy que el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" presentado por la Asamblea Nacional de Venezuela es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en ese país.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves ante la Asamblea, dominada por el oficialismo, una propuesta legal que busca "prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación", con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones.

La SIP consideró que esta iniciativa es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".

El presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón, expresó que la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para "deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos".

"Es, sin duda, un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela", aseguró en un comunicado.

Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.

Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente para medios y periodistas.

"El gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.

Los directivos de la SIP dijeron que la conducta de la fiscal y del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, se debe a que Chávez, en una "diatriba" contra el canal Globovisión, llamó a sus funcionarios a "arremeter contra los medios o, de lo contrario, a abandonar la revolución".

El proyecto de ley contempla sancionar las "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

Para quienes divulguen noticias falsas la pena es de dos a cuatro años de cárcel; por manipulación de noticias, de dos a cuatro años, y por negativa a revelar información, de seis meses a dos años de cárcel.

Por coacción mediática, de uno a tres años; por omisión voluntaria de suministrar información, de dos a cuatro años; por instigación, de dos a cuatro años, y por obstaculización de actividades de medios de comunicación, de uno a tres años.

La SIP subraya que ha venido denunciando cada paso de la "estrategia" seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para "maniatar a la prensa".

En este sentido menciona la reforma constitucional de 1999, que incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial, sentencias judiciales como la "1013" de 2001, que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas, y la promulgación de la "ley mordaza" o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004.

También destaca la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005, que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación, y la aplicación de regulaciones que obligan a los medios a tener columnistas de todas las ideologías, en "una clara invasión de sus políticas editoriales".

El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el "hostigamiento" contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo, y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico, también forman parte de la "estrategia", según la SIP.

La AIR "repudia" el proyecto de Ley de Delitos Mediáticos de Venezuela

MONTEVIDEO.- La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) condenó hoy el proyecto de Ley de Delitos Mediáticos que impulsa el Gobierno de Venezuela y reclamó que una misión de la OEA visite el país para investigar "la progresiva y sistemática reducción de las libertades de expresión y opinión".

La asociación con sede en Montevideo expresó su "más enérgico repudio" al proyecto de ley de prensa, que, según dijo en un comunicado, constituye "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión" en Venezuela.

El proyecto legislativo fue presentado el jueves ante el Parlamento venezolano por la fiscal general, Luisa Ortega, y en su articulado establece que "toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (...) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años".

La fiscal explicó que el objetivo de la norma es "regular la libertad de expresión" en el país dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

la AIR, organización que representa a más de 17.000 emisoras de radio y televisión de todo el mundo, llamó en su comunicado a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) a respaldar el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.

También reclamó la visita de una comisión a Venezuela para investigar las "graves violaciones" y "en especial la progresiva y sistemática reducción de las libertades de expresión y opinión" que se registran, a juicio de la AIR, en ese país.

"AIR solicita a la comunidad internacional y en especial a las democracias de la región, activar los mecanismos que permitan precaver el colapso institucional que amenaza la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela, producto del gravísimo deterioro de las libertades de pensamiento, expresión y opinión", concluyó el comunicado.

Los grandes 'dinosaurios' pretenden ahora jugar con la vanidad de los blogger bajo el eufemismo 'cooperación'

NUEVA YORK.- Jeff Jarvis se desmarca con un interesante artículo sobre las medidas que está introduciendo The New York Times para encontrar nuevas vías de financiación para hacer periodismo. Este periodista destaca que las nuevas formas de cooperación, lejos de ser caridad, resultan un buen sistema para crear un ecosistema de noticias adaptado a los nuevos tiempos.

En su blog BuzzMachine, Jarvis explica que el prestigioso diario estadounidense está aceptando artículos gratis o respaldando a periodistas en busca de financiación, lo que "se está percibiendo como caridad: darle a The Times regalos, directa o indirectamente, para producir periodismo en sus páginas, físicas o digitales".

Pero este periodista prefiere pensar que se trata de una forma de colaboración posible para crear periodismo en el papel como el organizador de redes de periodismo.

Pensando así, cuando The Local, el blog hiperlocal de The Times, pidió un voluntario para cubrir una reunión que no tenía pensado cubrir, se podría decir que estaba pidiendo un acto de caridad. Yo en cambio diría que The Times se estaba abriendo a la colaboración.

Digamos que una bloguera local cubre la reunión e informa de ello en su propio blog, y que The Local se aprovecha de ello agregando, seleccionando, citando y/o enlazando a ese artículo. El resultado neto es el mismo, pero eso no es caridad. Es cooperación.

Vayamos un paso más allá: digamos que The Times le presta un equipo para grabar imagen o sonido a esa bloguera para que pueda informar mejor de esa reunión y aportar una mejor cobertura para sus lectores y los de The Local. ¿Darle ese apoyo es un acto de caridad hacia la bloguera? No; es colaboración.

Afirma que si definimos a The Times sólo como "una institución comercial que produce y controla" oticias, "cualquier esfuerzo parece un acto de caridad" y reivindica que definamos las noticias "como la creación de un ecosistema más amplio" donde The Times sea sólo uno de sus miembros.

Cuando observemos el ecosistema a través del prisma de la colaboración, muchas otras cosas serán posibles: The Times (o cualquier otro) podría organizar a muchos miembros para que trabajen juntos en producir periodismo que de otro modo ninguno de ellos podría realizar en solitario.

Empezaríamos a contar el valor del trabajo de todo el ecosistema de noticias, basándolo no solamente en el tamaño de la plantilla de la última redacción en la comunidad; nos abriríamos a esfuerzos voluntarios y emprendedores que ampliarían de manera notable el alcance del periodismo, mucho más allá de lo que podría hacer una única redacción.

Así, Jarvis cree fundamental abrir el periodismo, sus instituciones y actores a múltiples formas de colaboración en nuevo ecosistema donde esa cooperación también debería extenderse al lado comercial "ya que las redes de publicidad y de comercio electrónico permiten a cada miembro del ecosistema ganar más valor si está junto a otros que si está solo".

El nuevo presidente de la ''Internet Society', por el desarrollo de la libertad de expresión

MONTEVIDEO.- El nuevo presidente de la Internet Society (ISOC), el uruguayo Raúl Echeberría, afirmó hoy que los esfuerzos de su organización estarán encaminados a conservar "los valores tradicionales como la libertad de expresión y la apertura".

La ISOC es líder en la búsqueda de soluciones a "problemas tan actuales en la red como son la identidad y la confianza", aseveró Echeberría.

Y la organización más importante a nivel mundial dedicada exclusivamente al desarrollo global de Internet. En total, 20.000 personas trabajan en este organismo.

Cuenta con un presupuesto que ronda los 20 millones de dólares, gestiona y es responsable del dominio de Internet ".org", además de tener asociadas a la mayoría de empresas mundiales vinculadas a la red como Microsoft, Google o Yahoo.

Echeberría, afirmó que la tecnología de software libre, que permite la visualización del código fuente, "es muy interesante y tiene muchas ventajas".

Echeberría, responsable de la principal entidad para el desarrollo global de Internet, aclaró que, aún así, más allá del software libre lo importante es "el apego a los estándares para asegurar la interoperabilidad y que todos los dispositivos sigan conectándose entre todos".

El presidente de ISOC se refirió así al debate previsto en el Parlasur, órgano legislativo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en el que se decidirá la recomendación del uso del software libre a nivel regional.

El software libre corresponde a aquellos programas de computadora por los cuales no se paga una licencia de uso, y cuyo su código permanece abierto para que los usuarios puedan gestionarlo.

Por ello, Echeberría pidió que no se desarrollen servicios exclusivos a una sola compañía o a un dispositivo específico con el objetivo de incrementar la rentabilidad, sino que se permita la conexión a todo el mundo.

El uruguayo, que fue nombrado presidente de la ISOC hace una semana en una reunión de la organización en Estocolmo, reconoció que el hecho de ser el primer latinoamericano en ocupar este cargo tiene "un mensaje importante desde el punto de vista de demostrar la diversidad".

"La tarea es mostrar efectivamente a la ISOC como una organización global", agregó Echeberría, al referirse a su nombramiento.'

Un ex paramilitar confiesa el asesinato de un corresponsal del semanario colombiano 'Voz'

BOGOTÁ.- Un ex paramilitar colombiano confesó hoy haber asesinado hace ocho años en Tumaco al periodista Flavio Iván Bedoya, corresponsal del semanario comunista Voz en ese conflictivo puerto sobre las costas del Océano Pacífico, informaron en Bogotá portavoces judiciales.

La responsabilidad material del crimen se la atribuyó Jorge Enrique Ríos, antiguo miembro del desaparecido Bloque Libertadores del Sur (BLS), durante una diligencia judicial en Medellín.

La Fiscalía General indicó en un comunicado que Ríos comparece en un proceso por homicidio agravado, que aceptó en una vista de formulación de cargos.

El delito le fue imputado por el fiscal de derechos humanos de la entidad judicial que siguió la investigación del crimen, cometido el 27 de abril de 2001 en las calles de Tumaco, terminal sobre las costas suroccidentales del país, en el departamento de Nariño.

En su momento, las autoridades colombianas atribuyeron al BLS el asesinato de Bedoya, que ejercía en Tumaco como corresponsal de Voz, con sede en Bogotá.

El BLS tuvo como jefe a Guillermo Pérez Alzate, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y que reconoció en sus declaraciones ante la justicia colombiana que el crimen lo había cometido el reducto paramilitar.

La facción hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desmovilizar a más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Vocento sale del capital de Telecinco con más de 70 millones de plusvalías

MADRID.- El grupo de comunicación Vocento ha salido del accionariado de Telecinco mediante dos operaciones de venta de acciones realizadas ayer y hoy, que le han reportado unas plusvalías brutas de 70,1 millones de euros.

En concreto, Vocento vendió hoy los 7,15 millones de títulos que mantenía en su poder, representativos del 2,9% del capital de la cadena televisiva, a un precio de 7,8 euros por acción, lo que eleva el importe de la operación a 55,79 millones de euros.

Esta transacción, realizada mediante una operación cerrada en el mercado, ha generado una plusvalía antes de impuestos de 41,4 millones de euros para Vocento, según una comunicación remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La colocación de este remanente del 2,9% se produce después de que Vocento anunciara ayer la venta del 2,18% de Telecinco por un importe de 39,5 millones de euros, lo que proporcionó al propietario del diario 'ABC' unas plusvalías brutas de 28,7 millones de euros.

En conjunto, las dos operaciones han supuesto la venta del 5,08% de Telecinco por un importe conjunto de 95,3 millones de euros, con unas plusvalías antes de impuestos de 70,1 millones de euros.

Tras la venta de las acciones de Telecinco, la tesorería de Vocento se sitúa por encima de los 155 millones de euros, con un endeudamiento neto de 180 millones. "Estas cifras sitúan a Vocento en una posición financiera privilegiada frente al resto de sus competidores tanto en España como en Europa", según la compañía.

Asimismo, el grupo de comunicación señaló que su fortaleza financiera le permite desarrollar sus apuestas estratégicas tanto en el área audiovisual como en Internet, consolidando su actividad y posición de liderazgo en los medios impresos.

jueves, 30 de julio de 2009

HRW advierte de una "estrategia" de Chávez para "limitar" la libertad de expresión

BOGOTÁ.- El Gobierno de Hugo Chávez tiene "toda una estrategia para ir limitando y reduciendo los espacios para la libertad de expresión en Venezuela", advirtió hoy el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en declaraciones a una emisora colombiana.

Venezuela es "el único país" de América que está "retrocediendo sistemáticamente" en materia de libertad de expresión, que trata de aumentar las penalizaciones a los periodistas "cuando en toda la región lo que prima es la despenalización", enfatizó Vivanco en un diálogo desde Río de Janeiro con la radio colombiana RCN.

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha pedido a la Asamblea Nacional una ley que castigue los "delitos mediáticos" cuando los medios de comunicación provoquen "angustia, zozobra y pánico" en el seno de la población.

Además, el Gobierno de Chávez promueve una reforma de la Ley de Telecomunicaciones para "democratizar" los medios, muy criticada por los propietarios de canales y emisoras privadas, que consideran que minimizará la pluralidad informativa.

Según Vivanco, si estas nuevas legislaciones salen adelante se producirá "un gravísimo retroceso para la libertad de expresión, uno más, en Venezuela y un retroceso en toda la región".

El directivo de HRW explicó que la ONG está atenta también al inicio de procesos administrativos contra 240 emisoras de radio y otras 45 de televisión, que podrían finalizar con la revocación del permiso de transmisión.

Asimismo, Vivanco cuestionó el "uso frecuente" por parte de Chávez de las "cadenas obligatorias" y dijo que el mandatario "se siente con el derecho de obligar a todos los medios a seguir sus pensamientos en vivo".

"Se conoce poco fuera de Venezuela lo que está ocurriendo allí", lamentó Vivanco, quien añadió que por ello HRW espera sacar pronto un pronunciamiento sobre prácticas en ese país "que promueven la censura y autocensura, y constituyen un abuso de poder".

Vivanco y otro directivo de HRW fueron expulsados en septiembre pasado de Venezuela, horas después de presentar en Caracas un informe crítico con el Gobierno Chávez en materia de derechos humanos.

'El Mundo', 'Expansión' y 'Marca' atraviesan su peor momento

MADRID.- El plan de ahorro no ha sido suficiente para evitar otro descalabro y Unidad Editorial (El Mundo, Expansión y Marca, entre otras publicaciones) ha registrado una caída de sus ingresos publicitarios del 35,5%.

RCS Mediagroup ha presentado sus resultados y no están para florituras. El grupo, que el año pasado ingresó 36,5 millones de euros de beneficio, ha registrado pérdidas de 65,1 millones.

Ya señalaron al mercado español como uno de los principales males del grupo y no les falta razón. Su filial española, Unidad Editorial, se derrumba lentamente a pesar de planes de ahorro y ajustes de plantilla.

Los ingresos del grupo han caído de 339,9 millones de euros en el primer semestre de 2008 a los 261,4 en este año. La caída publicitaria ha sido la principal causante con un descenso del 35,3% de media.

El grupo, además, ha revelado caídas en la circulación de El Mundo, Expansión y Marca cercanas al 9% de media.

Unidad Editorial ha registrado un ebitda negativo de 6,6 millones de euros que quedan muy lejos de los 39,9 millones en positivo que tuvo hace un año.

Los costes recurrentes han aumentado -de 2,5 millones en 2008 a 19,9 millones- a pesar de la venta de sus edificios en Madrid y al plan de ahorro que presentó el mes pasado y supuso la salida de 180 trabajadores.

La FAPE exculpa a la periodista Pilar Urbano de una supuesta difamación sobre la agencia EFE

MADRID.- La Comisión de Quejas de la FAPE no entra a valorar si la periodista Pilar Urbano difamó a EFE y a sus trabajadores en varias declaraciones públicas, tal y como había denunciado el Consejo de Redacción de la agencia.

Este órgano puso en conocimiento de la FAPE que Urbano, en al menos dos ruedas de prensa de promoción de su libro "La reina de cerca", acusó falsamente a EFE de hacer pasar por un comunicado de la Casa del Rey lo que eran unas declaraciones de un portavoz en torno a la polémica que generó esa obra.

Pese a que la información a la que se refería Urbano dejaba claro que se trataba de declaraciones a EFE de un portavoz de la Casa del Rey, la periodista acusó a la agencia y al autor de la información de "hinchar el perro" y de dar a esas palabras el "marchamo y el prorompompón" de un comunicado.

La FAPE ha decidido no pronunciarse sobre la denuncia del Consejo de Redacción de EFE y ha atendido las alegaciones de Urbano, quien aseguró que cuando hizo esas declaraciones "estaba actuando como escritora" y no como periodista.

La Comisión de Quejas esgrime, para no entrar en el fondo del asunto, que Pilar Urbano, cuando hizo estas declaraciones en una rueda de prensa, no estaba llevando a cabo una "actividad periodística", condición que estima necesaria para poder intervenir.

La resolución indica que Urbano se ofreció a transmitir disculpas a EFE y a sus periodistas y añade que el Consejo de Redacción de la Agencia se negó a aceptarlas "en el modo propuesto" por la periodista.

El Consejo de Redacción de EFE rechaza esas alegaciones, que considera un subterfugio, y explica que no aceptó las disculpas que ofrecía Urbano ya que ésta pedía que se mantuviesen en el ámbito privado, mientras que la representación de los profesionales de Efe entiende que si el daño fue público también debe serlo la reparación.

El redactor de la noticia a la que se refirió Urbano ha mostrado por carta su disconformidad con la resolución de la FAPE.

La FAPE dice que el informador Losantos vulneró la deontología periodística al descalificar a EFE

MADRID.- La comisión de Quejas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera que el informador Federico Jiménez Losantos vulneró varios artículos del Código Deontológico periodístico al acusar a la Agencia Efe de mentir, engañar, confundir y estafar por una información transmitida en noviembre de 2008.

El Consejo de Redacción de Efe, que representa a los profesionales de la agencia, denunció al entonces conductor del programa "La Mañana" de la COPE después de que éste vertiera duras acusaciones contra los periodistas de EFE a raíz de un teletipo enviado el 19 de noviembre en el que se recogían los datos del informe de Contabilidad Nacional de España.

La información en cuestión era un "avance" que incluía cifras estadísticas, porcentajes y comparaciones facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.

Tras recibir el teletipo de EFE, Jiménez Losantos acusó en antena a la agencia de estafa y engaño.

La FAPE concluye que con esas y otras acusaciones Losantos vulneró tres principios deontológicos: el respeto a la verdad, el deber de fundamentar las informaciones, contrastar las fuentes y dar oportunidad a los afectados a dar su propia versión de los hechos, y la distinción entre los hechos y las opiniones.

El miembro del Comité de Quejas y Deontología de la FAPE Manuel Núñez Encabo, que ha intervenido hoy en el curso "Periodismo en tiempos de crisis", organizado por la Universidad de Verano Rafael Altamira, en Alicante, se ha referido a esta resolución y ha calificado de "contrasentido" que Jiménez Losantos concluyese que desde que leyó la noticia de EFE no entendía nada.

Núñez Encabo ha señalado que es una vulneración deontológica que el locutor atribuyese su propia confusión a los periodistas de la agencia y ha agregado que la noticia de EFE estaba dirigida a los medios de comunicación y que corresponde a éstos interpretar los datos para finalmente trasladarlos a los ciudadanos.

El gremio venezolano de periodistas rechaza el "brutal" proyecto de ley contra delitos mediáticos

CARACAS.- El gremio de periodistas y editores venezolanos rechazó hoy una propuesta de ley contra delitos mediáticos por considerarla un texto "brutal" que criminalizaría "prácticamente cualquier opinión", con independencia de quien la emita.

El proyecto legislativo fue presentado hoy ante el Parlamento oficialista por la fiscal general, Luisa Ortega, quien explicó a los diputados que el objetivo es "regular la libertad de expresión" en el país dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".

El artículo 5 de proyecto legislativo establece que "toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (...) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años", según publicó el diario "El Universal" en su página de Internet.

La propuesta legislativa de la Fiscalía General, resaltó el Colegio de Periodistas, cuadra "perfectamente dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

"El cerco contra las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos, y la criminalización de la disidencia política", conformaría ese "ataque" lanzado por el Estado que dirige el presidente Hugo Chávez, precisó el CNP.

El gremio señaló que Venezuela "vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día", y el "deber sagrado" de los "periodistas responsables, editores y medios en general" es "informar y denunciar" los graves problemas que se derivan de esa situación.

"Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos", dijo el gremio de periodistas al citar la queja de la fiscal Ortega de que los medios "no pueden ser utilizados para generar alteración de la paz social ni pueden generar clima de inseguridad".

Asimismo, Teodoro Petkoff, editor del rotativo "Tal Cual", muy crítico de la "revolución chavista", consideró el texto presentado por la Fiscalía como la propuesta "legal más salvaje y brutal que ha sido conocida por el país en su historia contemporánea".

"Tiene una inspiración hitleriana", ya que, "transforma prácticamente cualquier opinión, cualquier información, en un delito", por lo que la sociedad venezolana debe "enfrentarlo con toda decisión".

Aunque la propuesta legislativa no establece la censura, explicó Petkoff, "hace que sean los propios medios, a los que se pretende atemorizar e intimidar, los que establezcan los mecanismos de censura previa".

También criticó que sea el Ministerio Público el que "califica" una información o una opinión como "delito" y el que, además, lo "imputa".

El ex ministro y ex candidato presidencial propuso enviar el proyecto legislativo "a todos los gobiernos, parlamentos y los medios de América Latina y Europa, para que en el resto del mundo sepan lo que se pretende hacer en Venezuela".

"Todos tienen que conocer esta barbaridad (...) la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas", añadió Petfoff.

El proyecto de ley contra los delitos mediático establece "castigos" contra dueños de medios de comunicación, así como "la protección a los periodistas" frente la pretensión de propietarios y editores de medios de obligarlos a escribir supuestas mentiras, dijo Ortega ante el pleno legislativo.

Casi un centenar de trabajadores de medios de comunicación protestan en Jerez por los despidos y contra la precariedad

JEREZ DE LA FRONTERA.- Casi un centenar de trabajadores de los medios de comunicación de Jerez se concentraron hoy a las 11.30 horas de la mañana para denunciar los despidos que está sufriendo este colectivo en la ciudad y la precariedad del trabajo en las redacciones, así como para dar su apoyo a los afectados por esta situación.

Los periodistas, redactores gráficos, cámaras, realizadores, maquetadores, trabajadores de taller y fotomecánica y administrativos secundaron esta mañana la convocatoria realizada por la Asociación de la Prensa de Jerez, que contó con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz y los sindicatos CC OO y UGT, y que se produjo después de que todos los partidos políticos aprobaran por unanimidad en el Pleno municipal celebrado hoy una moción de apoyo al sector y de rechazo a los masivos despidos.

Desde el pasado mes de octubre de 2008 hasta ahora, en Jerez se ha contabilizado ya la alarmante cifra de unos 30 despidos de periodistas. La sangría en el empleo, que no ha hecho más que empezar, ha sido generalizada y ha llegado a todos los ámbitos y a todo tipo de profesionales de los medios, y está previsto que continúe en los próximos días con el anuncio de una nueva oleada de compañeros que perderán su puesto de trabajo.

Esta situación agrava los problemas de una profesión que entre sus males endémicos siempre ha contado con unas precarias condiciones de trabajo, como apunta una reciente encuesta realizada en la provincia y que desvela que la mitad de los profesionales de los medios no tenía contrato fijo y se repartían entre personal temporal, autónomos o becarios en prácticas; el 56% trabaja más de 40 horas a la semana y el 50% cobra 1.000 euros o cifras que están por debajo de esa cantidad.

La concentración de esta mañana ha servido para denunciar a la opinión pública la dramática situación por la que atraviesan los trabajadores de los medios de comunicación, así como para recalcar la exigencia que los profesionales de los medios realizaron a todos los partidos políticos de la Corporación jerezana: que se inste a la Consejería de Empleo y a la Inspección de Trabajo a que tomen medidas para extremar la vigilancia del fraude en los despidos; que se fiscalicen las nuevas contrataciones eventuales que se están produciendo, así como el empeoramiento de las condiciones de trabajo por las reducciones de plantilla.

También se insta al Gobierno andaluz a que arbitre un paquete de medidas de apoyo al empleo en el sector de los medios, y que se vincule cualquier apoyo o ayuda pública, e incluso la inversión publicitaria, a las empresas de comunicación al mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de los trabajadores.

Por último, los trabajadores de los medios de Jerez piden que se realicen las gestiones oportunas para paliar la actual situación de deuda que tienen las empresas del sector periodístico, que en muchas ocasiones está provocada por la morosidad de las instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación, etc.), a las que hay que pedir que pongan de su parte para resolver este problema.

'Vocento' vende un 2,18% de su participación en Telecinco

MADRID.- Vocento ha vendido un 2,18% de su participación en Telecinco por un importe total de 39,5 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo de medios de comunicación ha vendido en una operación que se ha desarrollado en el mercado un paquete de 5,375 millones de acciones de Telecinco a un precio de 7,35 euros por título.

Tras la venta de esta participación financiera, Vocento conserva un paquete accionarial del 2,9% del capital social de la cadena de televisión.

Esta decisión de Vocento ha llegado el mismo día en que este grupo ha comunicado sus resultados del primer semestre del año, meses en los que su beneficio neto apenas ha alcanzado los 131.000 euros, lo que representa una brutal caída del 99,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 32,7 millones de euros.

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos en publicidad han caído en la compañía un 28,4%, hasta los 140,3 millones de euros.

La causa principal de estos resultados es el diario 'Abc' y, en general, el área de medios impresos, cuyo Ebitda cae un 145,1% y sus beneficios un 92,6%, pasando de los 19,99 millones del primer semestre de 2008 a los 1,48 del mismo periodo de 2009.

El gratuito 'Qué' nunca ha sido rentable, pero las peores noticias para Vocento llegan de 'Abc', cuyo Ebitda decrece un 174,5%, aumentado así sus pérdidas de los 13,54 millones de 2008 a los 37,16 actuales.

Protestas por las amenazas en el Ministerio de Trabajo a un periodista de TVE

MADRID.- Las amenazas del director de comunicación del Ministerio de Trabajo a un periodista de TVE, tras una rueda de prensa de Celestino Corbacho, han generado las primeras protestas en el sector.

Por un lado, la Asociación de la Prensa de Madrid ha pedido "explicaciones y disculpas" al Ministerio. En un comunicado, la entidad que preside Fernando González Urbaneja señala que el comportamiento del responsable de Prensa de Trabajo "merece condena y rechazo, por cuanto refleja reprobable ofuscación e inaceptable prepotencia".

"Exigimos del Ministerio de Trabajo una explicación de este comportamiento y una disculpa ante al afectado y ante la opinión pública, que es la perjudicada por esos modos y semejante talante", ha señalado la asociación.

La APM lamenta que cada día sean "más frecuentes los desplantes de políticos de todos los partidos a periodistas que ejercen su profesión y les incomodan".

Estas quejan no llegan solas. La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) también se ha unido a la protesta. Quiere dejar constancia de su condena al proceder de Manel Franch i Trenchs, ya que considera que esta actitud revela una visión totalitaria de la comunicación, equiparable a la de un laborioso empleado del Servicio de Prensa del Movimiento o a la de un eficiente 'apparatchick' del Soviet.

La APIE quiere resaltar también que la actitud del portavoz contrastó con la disposición a contestar a la pregunta del periodista por parte del ministro Celestino Corbacho y expresa su total solidaridad con el periodista amenazado, recordando que la libertad de prensa es un derecho consagrado por la Constitución Española en su artículo 20.1.d.

"La función de los periodistas", señala la APM "es informar, contar a la sociedad lo que ocurre, ejercer de perros guardianes de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Por lo que "las amenazas del responsable de Prensa de Trabajo son inaceptables, deplorables, otro caso más en una escalada de desprecio al trabajo de los periodistas y una prueba adicional del deterioro de la democracia".

En este sentido, también ha mostrado su firme rechazo al responsable de Comunicación la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Considera que "este hecho constituye un agravio para toda la profesión periodística en España" y se suma a la exigencia de la APM: pedir disculpas tanto al periodista como a la opinión pública.

La FAPE recuerda que la pregunta es la principal herramienta de los periodistas para poder informar a la sociedad, y condena la creciente tendencia de los personajes públicos de ofrecer ruedas de prensa sin derecho a réplica. Insta, por tanto, a la profesión periodística a "defender sus derechos profesionales frente a actitudes como la que ha tenido que sufrir el compañero de La2 Noticias".

La Fiscalía venezolana propone "castigos" para los medios que falseen la verdad

CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela propuso hoy una serie de "castigos" contra dueños de medios de comunicación para que sean incluidos en el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos que actualmente prepara la Asamblea Nacional.

Las sanciones planteadas buscarán "acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que constituyan delitos", propuso la Fiscal General del Estado, Luisa Ortega.

"Que se incluya una norma que brinde protección a los periodistas frente a los dueños de medios, que evite que éstos les impongan sobre hechos que no les consta que ocurran", señaló.

Se "castigarían" las conductas de los medios contra la salud mental y la moral pública, añadió la fiscal en tercer término.

Del mismo modo los medios que "divulguen" o "causen pánico" en la población o "perjuicios" a los "beneficios" del Estado también serían sancionados, añadió.

La quinta propuesta sería "castigar" a los medios que "manipulen" o "tergiversen" y la sexta "sancionar" a los gerentes y responsables que los emplearan para "amenazar, coaccionar e infundir temor en la población", sostuvo Ortega.

Por último añadió que un medio, publicación o retransmisión sería "castigada" si "inducía" a la "hostilidad" con respecto a una raza, militancia política o ideología.

Ortega recordó que estos siete puntos son solo sugerencias para la Ley Especial contra Delitos Mediáticos y que los parlamentarios de la Asamblea Nacional todavía tienen que aceptar o no si las incluyen en dicha ley.

La fiscal declaró que la fiscalía "ha venido a hacer un aporte" a la Ley Especial de Delitos Mediáticos "señalando algunas conductas que debían de ser sancionadas".

Ortega sostuvo que los aportes no son "limitar" la libertad de expresión sino "regularla".

"El Estado debe de tener las garantías y si para ello es necesario regular la ley hay que hacerlo", afirmó.

Los aportes a la Ley Especial contra Delitos Mediáticos "redundan en beneficios" y los periodistas "la van a acoger muy bien", añadió.

La fiscal declaró que los medios no pueden "generar" un clima de "inseguridad" a través de las noticias, ni "sensación de impunidad".

"Deben cumplir una formación educativa, así lo establece la constitución de Venezuela", aseveró.

"El estado debe actuar en estos casos y crear leyes para sancionar esas conductas", añadió.

Ortega declaró que "está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión".

La SIP pide investigar incidentes en Bolivia, El Salvador y Venezuela

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy a las autoridades de Bolivia, El Salvador y Venezuela, indagar con prontitud las situaciones de "violencia e intimidación" que se han registrado contra periodistas en esos países.

En Bolivia, el camarógrafo Marcelo Lobo, del canal Gigavisión, en La Paz, fue atacado el sábado 25 de julio por desconocidos que le cortaron en la cara y en la lengua, agresión que ocurrió en la mañana cuando salía de la estación, informó la SIP en un comunicado.

"Pese a que se desconocen los móviles, el director de la televisora, Alex Arias, dijo a medios locales que no descartaba que la agresión esté relacionada al trabajo periodístico de Lobo, quien cubre temas de seguridad y terrorismo", señaló.

En El Salvador, José Beltrán, Ludwing Iraheta y Vladimir Abarca, reporteros de Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, al centro norte del país, recibieron amenazas de muertes, por lo que solicitaron protección a las autoridades.

Los tres reporteros cubrieron en los últimos días el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, un conocido activista ambientalista de la zona que había desaparecido desde mediados de junio pasado. En las amenazas, recibidas por teléfono, les decían: "serán los próximos".

En Venezuela, David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar y presidente del Bloque de Prensa Venezolano, denunció que el martes 27 de julio fue víctima de acoso por parte de la Guardia Nacional (GN).

Natera fue el único pasajero retenido y requisado por miembros de la GN, tras arribar a Puerto Ordaz, procedente del aeropuerto internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, según la SIP.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, manifestaron su repudio por "este hecho que tiene la apariencia de ser un claro proceso de intimidación contra una persona pública, reconocida por su línea editorial crítica e independiente".

Natera también se desempeña como vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP, encargado de redactar los informes que sobre su país se someten a la asamblea de la institución cada seis meses.

Globovisión dice que Chávez decidió cerrar la emisora, pero busca reducir el costo político

WASHINGTON.- El vicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga, aseguró hoy que el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, ya tomó la decisión de cerrar esta cadena de televisión, pero antes trata de minimizar el coste político.

"Chávez ya ha tomado la decisión de cerrar Globovisión. Solamente está buscando la manera de disminuir el coste político" que conllevaría dar un paso así, afirmó en una conferencia organizada por el Instituto Cato, donde sustituyó a su padre y presidente de la cadena privada, Guillermo Zuloaga.

El presidente de Globovisión, a quien el lunes un tribunal le negó un permiso para viajar a Washington, afronta juicios por usura genérica y daños ambientales.

Globovisión, amenazada de cierre por el Gobierno venezolano por haber cometido presuntamente "terrorismo mediático", afronta multas estatales por unos 4,2 millones de dólares y cinco expedientes administrativos, dos de los cuales podrían acarrearle la retirada del permiso para transmitir en abierto.

El vicepresidente ejecutivo recordó que en el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), que tuvo que dejar de emitir en abierto en mayo de 2007, Chávez avisó en diciembre que no le renovaría la licencia de transmisión, con lo que "dio cinco meses a todos y a los venezolanos" antes de su salida del aire.

"Lo que vemos en el caso de Globovisión es que Chávez quiere buscar vías para minimizar el coste político" que le supuso "cerrar RCTV", explicó Zuloaga.

Agregó que el Gobierno venezolano, antes de retirarle a Globovisión la licencia para transmitir en abierto, quiere regular primero la televisión por cable, medio a través del cual la cadena podría seguir emitiendo, para que se tenga que adherir a la ley venezolana y tenga que transmitir espacios y programas públicos.

En la conferencia, Guillermo Zuloaga se dirigió a los asistentes mediante un vídeo, en el que lamentó no haber podido participar en el coloquio por lo que calificó de "terrorismo judicial".

En su breve mensaje, dijo que Venezuela quiere "intimidarle" e impedir que Globovisión "muestre la verdad" de lo que ocurre en ese país: un "constante ataque a la libertad de expresión".

Carlos Zuloaga afirmó que el hecho de que el tribunal no haya dejado salir del país a su padre "es la mejor prueba del actual estado de la libertad de expresión en Venezuela".

Al mostrar varios vídeos sobre la cadena y "los ataques y el ambiente hostil" que enfrenta todos los días en Venezuela, destacó que "no hay duda de que la libertad de expresión está gravemente amenazada" en su país.

Citó como argumentos el intento del Gobierno de regular la televisión por cable, sus amenazas de retirar las licencias a 240 emisoras de radio y su pretensión de criminalizar las opiniones.

Esa ley es "peligrosa porque es demasiada imprecisa", dado que las personas que difundan informaciones consideradas falsas o manipuladas y que vayan en contra del interés del Estado o la moral pública serán castigadas con hasta cuatro años de prisión, explicó.

En la conferencia también participó Rafael Alfonzo, que dirige el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico por la Libertad (Cedice) y quien dijo: "No vamos a aceptar un régimen que nos lleve a (ser como) Cuba".

El responsable de Cedice pidió a la comunidad internacional que "no acepte" lo que está pasando en Venezuela.

"Obviamente el dinero que Venezuela tiene a través del petróleo ha silenciado a muchos países", lamentó.

La SIP condena las agresiones contra periodistas y medios en Honduras

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy los ataques y agresiones sufridos por periodistas, fotógrafos y medios de comunicación que "todavía persisten" en Honduras, tras la crisis política que desencadenó la destitución del presidente Manuel Zelaya.

"Insistimos en repudiar cualquier agresión y acciones no violentas contra periodistas locales, extranjeros y medios de comunicación, al tener la intención aviesa de coartar el derecho del público a estar informado de la forma más plural y diversa posible, garantía expresa en principios constitucionales", dijo Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP.

Santos Calderón, de El Tiempo de Bogotá, lamentó en un comunicado además que el "clima de polarización político esté incentivando a medios y periodistas a acusarse y agredirse mutuamente descalificándose por informar con criterios editoriales distintos", los sucesos que desencadenaron el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Entre los hechos nuevos registrados en el país en materia de libertad de prensa, la SIP observó con "profunda preocupación" las denuncias de Radio Globo de que todavía no puede operar normalmente debido a los cortes de energías intencionales contra sus antenas de transmisión en los departamentos de Choluteca, Valle y El Paraíso, este último cercano a la frontera con Nicaragua.

La SIP también llamó al Gobierno del presidente interino Roberto Micheletti a no utilizar la publicidad oficial como mecanismo de represalia contra la línea editorial de los medios, "en franca alusión a las denuncias públicas realizadas por Radio Globo y la televisora Canal 36".

Estos medios también denunciaron que además del Gobierno, varias empresas del sector privado le retiraron su publicidad, según la SIP.

En incidentes separados el pasado fin de semana, se denunciaron las agresiones contra los fotógrafos Martín Ramírez y Juan Flores de los diarios La Tribuna y El Heraldo, en la zona fronteriza de Las Manos, en Nicaragua, cuando seguidores de Zelaya y representantes de medios los agredieron tras calificarlos de infiltrados y golpistas por considerar que sus periódicos apoyan al nuevo Gobierno.

Este tipo de intimidación produjo que algunos medios de comunicación se abstuvieran de seguir enviando a sus corresponsales a la zona nicaragüense donde Zelaya instaló un campamento, supliendo el déficit informativo con arreglos con periódicos de Managua y agencias internacionales de noticias, informó la SIP.

También la SIP condenó las agresiones contra la fotógrafa Wendys Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) de Venezuela, quien "denunció una golpiza propinada por policías de la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, el 25 de julio".

El hecho ocurrió luego de tomar fotos de las condiciones en las que se encontraba el líder campesino Rafael Alegría, quien había sido encarcelado y cuyo paradero de desconocía, agregó la organización.

"La periodista se resistió a entregar su equipo de trabajo y los policías la arrastraron hasta que colegas de otros medios acudieron a su auxilio", precisó.

'Telemundo' transmitirá señal en México

MÉXICO.- Telemundo, la segunda cadena de habla hispana más importante en Estados Unidos, comenzará a transmitir en México a partir del 1 de agosto a través de la televisión por cable.

La transmisión será a través de la subsidiaria Televisa Networks y de esta forma, Telemundo abandona su empeño de operar un canal propio en México, pedido que hicieron oficialmente ante las autoridades mexicanas y que les fue denegado hace dos años.

Telemundo transmitirá diariamente ocho horas de su programación original, incluyendo algunas de sus apuestas más importantes como "Levántate", "Al rojo vivo", "12 corazones" y "Caso cerrado".

"Compartimos con Televisa un legado... de ser pioneros", dijo el presidente de Telemundo, Don Browne, en una rueda de prensa. "Esto es un sueño hecho realidad".

"Nuestra meta nunca fue convertirnos en el tercer canal de televisión de México. Nuestra meta era distribuir nuestra programación en México y lo estamos consiguiendo con éxito", aseguró .

José Bastón, presidente de televisión y contenidos de Grupo Televisa, dijo que "para nosotros es un orgullo tener relación con una compañía como Telemundo", pero no especificó si a largo plazo esto sentencia a muerte la relación de la empresa con Univisión, canal a través del cual se ve su producción en Estados Unidos y principal competidor de Telemundo en ese país.

Telemundo y Televisa ya tenían un acuerdo previo a través del cual Telemundo transmitía cuatro horas de programación a través de Galavisión, también subsidiaria de Televisa en México. No obstante, no aparecía el logotipo o las campañas de la televisora con sede en Florida, Estados Unidos.

Ahora Telemundo tendrá presencia como marca, destacó Alfredo Richards, portavoz de Telemundo.

Richard dijo que con esta alianza esperan tener dos millones de televidentes más en México y un millón de televidentes más en Latinoamérica para finales de año. Descartó ofrecer información sobre la inversión o expectativas económicas.

Telemundo también seguirá produciendo programas en México, como hasta ahora, aseguró.

Julián Lago podría ser trasladado a España

ASUNCIÓN.- El periodista español Julián Lago, aunque todavía en estado de coma en Asunción, está ya en condiciones de ser trasladado a España, donde debe recibir los cuidados pertinentes, tras el accidente de tráfico que sufrió hace dos meses y medio en una región rural de Paraguay, según el informe médico del Centro Médico Bautista.

El parte detalla además que el paciente, quien sufrió graves lesiones cerebrales, presenta "pupilas normales con buena reacción a la luz" y que ha abierto "nuevamente los ojos en forma espontánea".

"Ante estímulos dolorosos moviliza miembros superiores e inferiores" y no registra "rigidez de nuca ni otros signos meníngeos aparentes", añade el informe.

Lago fue ingresado en el Bautista y operado de urgencia de un traumatismo craneal grave el pasado 14 de mayo, tras ser arrollado por una motocicleta cuando salía de su vehículo en la ciudad de Coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción.

Además, fue intervenido quirúrgicamente de una enteritis (inflamación) "necrosante", detectada en una ecografía de abdomen el 19 de mayo.