jueves, 24 de diciembre de 2009

El canal Telemazonas apela la suspensión y el Gobierno de Ecuador justifica la sanción

QUITO.- El canal de televisión ecuatoriano Teleamazonas, crítico con el Gobierno de Rafael Correa, apeló la suspensión de tres días de sus emisiones ordenada ayer por la Superintendencia de Telecomunicaciones, mientras que el Ejecutivo justificó la sanción.

Directivos de la cadena presentaron la apelación ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y un recurso de protección constitucional al Tribunal Contencioso Administrativo, para que la medida sea levantada, informó el canal Ecuavisa.

Carlos Jijón, vicepresidente de noticias de Teleamazonas, rechazó la suspensión y dijo que en el proceso no fue respetado el derecho a la defensa de su empresa, que podía ejercerlo ante el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel).

"Esta resolución última de ejecución inmediata, de la suspensión temporal del canal, debió haber sido sujeta a una apelación ante el propio Conartel y, si el Conartel ratificaba (la sanción), todavía quedaba una instancia de la justicia ordinaria que es el Tribunal Contencioso", señaló Jijón.

No obstante, el directivo aseguró que el personal de Teleamazonas trabaja con mucha decisión para retomar las operaciones, una vez que finalice la suspensión, es decir, a las 17.00 hora local (22.00 GMT) del próximo viernes.

En las afueras de la sede del canal en Quito, decenas de personas se manifestaron en su apoyo y criticaron la sanción que, para muchos, coarta la libertad de expresión en el país.

Pero también el colectivo ciudadano Diablouma se manifestó en respaldo a la medida contra Teleamazonas y uno de sus representantes dijo a los periodistas que incluso era "insuficiente".

El alcalde de Guayaquil, el conservador Jaime Nebot, uno de los líderes de la oposición a Correa, también entró en la controversia y criticó la suspensión a Teleamazonas.

"El Gobierno utiliza lo legal, abusa de la ley, simplemente con el ánimo de consolidar un objetivo: implantar un totalitarismo en el país", aseguró Nebot, que convocó a la ciudadanía a "luchar" contra los supuestos atropellos del Ejecutivo.

De su lado, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, justificó la medida adoptada por la Superintendencia y aseguró que obedece a una simple "decisión administrativa, como se clausura un burdel o cualquier cosa".

"Lo que pasa es que, como (el dueño del canal) es el banquero más poderoso del país (Fidel Egas), eso es un problema" para los grupos poderosos del país y para ciertos medios de prensa ligados a ellos, agregó Mera.

La polémica por la suspensión de Teleamazonas también llegó al Parlamento, donde el oficialismo y la oposición ven tambalear un principio de acuerdo al que llegaron la semana pasada para aprobar una nueva Ley de Comunicación.

La sanción a Teleamazonas coincidió, justamente, con el inicio en el pleno de la Asamblea legislativa del primer debate sobre ese cuerpo legal.

El legislador socialdemócrata Paco Moncayo, que tampoco está de acuerdo con la suspensión a Teleamazonas, recordó que la sanción se dio con el marco vigente, justamente el que se quiere reformar.

"En primer lugar, estos acuerdos que habíamos alcanzado (en el Parlamento) tienen fundamentos en la Constitución y compromisos internacionales, pero se demuestra que ya hay una 'ley mordaza', la ley que hoy existe es una 'ley mordaza'" y esa es la que se debe cambiar, enfatizó Moncayo.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no descartó la convocatoria a movilizaciones para impedir el cierre de una emisora de radio perteneciente a una etnia amazónica que también está en proceso de clausura por parte de las autoridades de Telecomunicaciones.

Se trata de la Radio la Voz de Arútam, de la provincia amazónica de Morona Santiago, conducida por representantes de la etnia shuar y acusada por el Gobierno de promover la violencia durante una última protesta de la Conaie, en octubre pasado, en la que murió un profesor y 40 policías resultaron heridos.

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