BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino elevará a la Justicia el informe oficial presentado este martes sobre Papel Prensa, que sostiene que hubo "ilegalidades" en la compra de la empresa por parte de los dos principales diarios del país durante la última dictadura militar (1976-1983).
"Estos expedientes serán presentados por el procurador del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos antes los estrados judiciales que correspondan para juzgar los hechos", dijo la presidenta, Cristina Fernández, durante la presentación del informe sobre la única empresa dedicada la producción del papel para prensa en el país.
Arropada por el Gobierno en pleno, políticos oficialistas, empresarios y representantes del cuerpo diplomático, Fernández anunció también la presentación de un proyecto de ley para declarar de interés nacional la producción de papel para prensa, garantizar la igualdad de condiciones de acceso para todos los medios y evitar la importación.
El informe contiene "pruebas irrefutables sobre la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa S.A por parte de los actuales grupos controlantes del sector privado", es decir, los diarios Clarín y La Nación, según Alberto González Arzac, consejero del Estado en el directorio de la empresa.
Beatriz Paglieri, representante del Estado en el directorio de la compañía, aseguró que la investigación determinó que Papel Prensa vendió papel "por debajo del costo de producción" a las empresas relacionadas con los accionistas privados y obligó a sus competidores a importar papel a precios un 50% mayores.
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
Fundada en 1972 con el objetivo de librar a los medios locales de la importación de papel, Papel Prensa es proveedora de unos 170 diarios del país y acapara el 75% del consumo doméstico.
La leyenda negra de Papel Prensa
Su leyenda negra, que involucra a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, al presidente del grupo, Héctor Magnetto, y al director de La Nación, Bartolomé Mitre, comienza en 1976, tras el triunfo de la dictadura militar, con la compra de acciones a Lidia Papaleo, viuda del anterior propietario, David Graiver, fallecido en un accidente aéreo el 7 de agosto de 1976 y relacionado con el grupo guerrillero Montoneros.
Tras la muerte de Graiver, según el informe, tanto Papaleo como varios de sus familiares y socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa.
La presidenta hizo este martes un pormenorizado relato de las circunstancias que rodearon la operación y que, dijo, se asemejan a un "thriller, un thriller argentino", con "datos escalofriantes" que reconstruyen una "historia oscura, sórdida, de vejaciones y de humillaciones".
Según la versión oficial, en noviembre de 1976, "luego de amenazas personales sobre ella y su hija", Papaleo "es obligada a firmar" la venta.
En 1977, apenas unos días después de terminar con los trámites de la venta, Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y condenada a 15 años de prisión.
La venta se cerró en 996.000 dólares pagaderos en plazos, pese a que el valor patrimonial de la compañía era de 4,3 millones de dólares, aunque Papaleo sólo cobró 7.000 dólares, la primera cuota antes de su detención.
"Es como si se hubiera sabido que nunca iba a poder cobrar", apuntó Fernández, que denunció que los socios privados de la empresa trataron de obstruir la investigación y ocultar documentación.
Guerra abierta
El proceso de Papel Prensa coincide con la guerra abierta entre el Gobierno y el grupo Clarín, antiguo aliado del kirchnerismo y hoy enemigo acérrimo de la presidenta y su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner.
El multimedios Clarín, el más poderoso del país, es el principal afectado por la Ley de Medios impulsada por el Ejecutivo y acaba de recibir un duro revés por la decisión del Gobierno de retirar la licencia a Fibertel, su empresa de servicios de internet.
El grupo denunció que el informe "es el paso más osado del Gobierno kirchnerista contra los medios de comunicación, y en particular contra los diarios La Nación y Clarín".
Ambos periódicos publicaron este martes un editorial en el que aseguran que "la Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa" y denunciaron un "plan" del Gobierno para apoderarse de la compañía.
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