WASHINGTON.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el atentado con un coche bomba contra el edificio de Televisa en Ciudad Victoria, en el estado mexicano de Tamaulipas.
En un comunicado expresó su preocupación por la serie de atentados con explosivos que sufren medios de comunicación mexicanos e instó a las autoridades mexicanas a aplicar de manera inmediata "las medidas que sean necesarias para proteger a medios y periodistas, así como investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes".
La CIDH indicó que poco después de la medianoche un vehículo explotó frente a las instalaciones de Televisa, sin causar víctimas pero sí diversos daños materiales.
El personal de la cadena había salido de su trabajo minutos antes del atentado.
La explosión fue sentida en varias cuadras y afectó también al edificio de Canal 7 Multimedios, cercano al sitio del atentado. La energía eléctrica quedó suspendida y la señal de Televisa en esa ciudad salió del aire.
El atentado fue el más poderoso de una serie registrada este año contra medios de comunicación mexicanos, que no han dejado víctimas pero sí cuantiosos daños materiales, señaló la Relatoría.
El 14 y 15 de agosto pasado Televisa sufrió atentados con granadas en sus sedes de Matamoros y Monterrey.
El 30 de julio una granada fue lanzada contra Canal 57 de Televisa, en Nuevo Laredo, y el 9 de julio, la recepción de Multimedios Radio, en Monterrey, recibió el impacto de una granada que finalmente no estalló.
El 7 de enero personas encapuchadas atacaron además con armas de fuego el edificio de Televisa, en Monterrey, y lanzaron una granada.
La CIDH recordó que a estas agresiones se suman, sólo en este año, el asesinato de al menos nueve periodistas y numerosos casos de secuestro, amenazas e intimidaciones contra medios y trabajadores de la comunicación.
Para la Relatoría, el atentado de hoy "marca un gravísimo salto cualitativo en una tendencia de ataques y hostigamientos a medios de comunicación y periodistas".
En la visita oficial conjunta realizada con la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión que concluyó el pasado 24 de agosto, los relatores constataron que la violencia contra periodistas en México "es alarmante y tiende a intensificarse".
En este sentido, la Relatoría reiteró que el Estado está obligado a prevenir los actos de violencia contra los periodistas y medios de comunicación y tiene el deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de las agresiones.
Insistió en la "urgente necesidad" de adoptar una política integral de prevención y protección para los periodistas y los medios de comunicación.
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