BRUSELAS.- La Comisión Europea ha lanzado una investigación en profundidad sobre el plan español para financiar la transición a la televisión digital ante las sospechas de que podría vulnerar las reglas de la UE sobre ayudas públicas por primar la red terrestre en detrimento del resto de tecnologías.
Bruselas examinará además específicamente la aplicación de este plan en Castilla-La Mancha tras haber recibido denuncias de que discrimina a los operadores de plataformas terrestres regionales y locales.
"La Comisión celebra los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar una transición fluida de la tecnología analógica a la digital. Sin embargo, hay que asegurarse de que cualquier iniciativa pública se lleve a cabo respetando la normativa comunitaria sobre ayudas estatales y no discrimine entre las distintas plataformas", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
La apertura de una investigación en profundidad permite a todas las partes interesadas presentar sus alegaciones al plan español, pero no prejuzga el resultado, según ha precisado Bruselas.
El plan de ayuda se aplicó, sin notificarse previamente a la Comisión, hasta el 3 de abril de 2010, cuando se completó la transición a la tecnología digital. El Ejecutivo comunitario ha recibido sendas quejas de un operador de una plataforma de satélite y de un operador de una plataforma terrestre, cuyas identidades no ha desvelado.
Tras una investigación preliminar, Bruselas cree que el plan español podría vulnerar el principio de neutralidad tecnológica, que exige un trato igual para todas las plataformas de transmisión, independientemente de la tecnología utilizada.
El Ejecutivo comunitario resalta que el plan de transición español sólo prevé financiar la digitalización y extensión de la red terrestre existente, y no incluye ninguna forma de apoyo para las plataformas por satélite, que también están disponibles y son adecuadas para cubrir el territorio.
Además, las medidas de aplicación para Castilla-La Mancha limitan las subvenciones únicamente a los operadores de plataformas que incluyen cadenas nacionales. Ello puede suponer, según Bruselas, una discriminación contra las plataformas locales que tienen contratos con cadenas locales y regionales.
Si tras la investigación el Ejecutivo comunitario concluye que el plan de digitalización es ilegal, España estaría obligada a recuperar las ayudas concedidas.
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