WASHINGTON.- Periodistas ecuatorianos denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los ataques y presiones del Gobierno a reporteros en ese país que "dificultan el diálogo" sobre el proyecto de ley de comunicación, el cual ha recibido críticas de la oposición y el gremio periodístico.
En el período de sesiones número 140 de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), grupos como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y Fundamedios presentaron documentación sobre 250 agresiones a periodistas durante los dos últimos años y medio.
La legislación, que entre otros puntos pretende establecer un Consejo de Comunicación, se debate en la Asamblea desde hace un año y ha recibido críticas de la oposición, el gremio periodístico y organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW).
Para César Ricaurte, de Fundamedios, "el proyecto de ley pretende regular a todos los medios de comunicaciones sin excepciones", aseguró en la audiencia.
En su exposición, enumeró casos de descalificación a periodistas por parte del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la incautación de medios como el diario El Telégrafo, el uso con fines partidistas de los medios públicos, sobre todo por el "exceso" anuncios propagandísticos, y las presiones a periodistas como las sufridas por el reportero Jorge Ortiz.
Según Ricaurte, en ese clima de tensión "es discutible que se pueda debatir una ley tan delicada como la ley de Comunicación" y pidió a la CIDH una "especial atención y sumo cuidado" para que esa legislación "no marque un precedente peligroso" en Latinoamérica.
Por su parte, Diego Zalamea, representante del Gobierno que ha trabajado en la elaboración de la ley de Comunicación reconoció que hay "un conflicto de intereses" entre los medios y el Gobierno.
Sin embargo, defendió una ley debatida durante largo tiempo y a la que se han incluido modificaciones importantes desde su primer borrador, según dijo.
Sobre el Consejo de Comunicación, una autoridad que regularía los contenidos emitidos por los medios, Zalamea señaló que el Gobierno quiere "dar independencia" a la institución.
Los designados por el Ejecutivo serían dos de los siete que compondrían el órgano y rechazó que el Gobierno se haya provisto de "herramientas represoras fuertes".
En ese sentido, argumentó que las medidas que impondría la autoridad serían de amonestación por escrito y sanción monetaria, y no el cierre de un medio.
Además, resaltó que la sanción se aplicará "en proporción a la facturación para garantizar la equidad" entre los medios pequeños y mayores.
El otro punto más debatido y destacado en las preguntas por la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, fue la concesión de licencias en el espectro radiofónico.
Para Ricaurte, el sistema de distribución "fue bastante irregular", sin mecanismos de prevalencia ni transparencia y fue utilizado "como un pago de favores políticos".
Zalamea tan solo objetó que es una legislación todavía "en elaboración" y declaró que "con gusto" se informará a la Comisión de los progresos.
Igualmente, invitó a los comisionados a visitar el país para examinar la situación y para que puedan reunirse con medios comunitarios que bajo esa ley podrían acceder en un tanto por ciento mayor del espectro radiofónico y televisivo.
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