LIMA.- Un total de 194 periodistas fueron víctimas de atentados en el 2010 mientras ejercían sus labores en Perú, país que sigue siendo el de mayor número de agresiones físicas y querellas judiciales en Latinoamérica, según datos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
De acuerdo con los datos de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, prácticamente un reportero sufrió agresiones cada dos días en Perú en 2010.
Un total de 68 periodistas radiofónicos e igual número de prensa escrita fueron víctimas de un atentado en lo que va de año, mientras que 58 profesionales trabajaban en televisión.
En el 81 por ciento de los casos, los enfrentamientos se dirigieron hacia hombres, 13 por ciento hacia mujeres y seis por ciento contra medios de comunicación.
Encabezan la lista de atentados la agresión física y verbal, con casi el 45 por ciento (87 casos), le siguen la amenaza y hostigamiento (46 casos), así como la presión judicial (26).
Los periodistas también fueron sometidos a presiones administrativas (15 casos), trabas al ejercicio de su profesión (11), así como a detenciones arbitrarias (5), daños a la propiedad (3) y trabas a la circulación de la información (1).
En el 46 por ciento las agresiones procedieron de personas civiles, seguidas de funcionarios (32%), policías, militares y vigilantes municipales (14%), mientras que el ocho por ciento restante se catalogó como agresiones perpetradas por elementos no identificados.
El norte del país ha desbancado a Lima como la zona más peligrosa para los periodistas, pues las provincias de Cajamarca y Maynas son las que suman más conflictos, con 20 y 19 atentados, respectivamente.
Le siguen en peligrosidad Lima, con 16 casos, y, en menor medida, otras áreas como la norteña de Chiclayo y la sureña de Huamanga, ambas con nueve agresiones; la provincia norteña de Coronel Portillo, con ocho; o el Alto Amazonas y el Santa, con siete.
La ANP recordó el caso de la clausura de radio La Voz, de la ciudad selvática de Bagua, acusada por el Gobierno de haber instigado los violentos enfrentamientos entre indígenas y policías que dejaron 35 muertos en junio de 2009, y que logró este año la restitución de su licencia.
El Gobierno anuló la licencia de funcionamiento del canal amazónico Radio Televisión Oriente, mientras que un dispositivo de 25 policías y dos funcionarios confiscaron equipos de transmisión a Radio La Buenísima (región norte de Piura), denunció la ANP.
Este año también, y vinculados a los procesos electorales municipales, se registraron ataques con bombas caseras e incendios en medios de comunicación contra varias emisoras radiofónicas.
La ANP recordó el caso del periodista Fernando Santos Rojas que, tras denunciar supuestos hechos de corrupción de una autoridad municipal, fue sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito contra el honor del político César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo.
Los contenidos en un blog referentes al empresario Jorge Mufarech, ex ministro del Gobierno de Alberto Fujimori, le valió al periodista José Alejandro Godoy una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida, una multa de 107.000 dólares y 120 días de trabajo social.
A principios de este mes un controvertido fallo del Tribunal Constitucional (TC) peruano prohibió a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones y grabaciones telefónicas interceptadas, salvo autorización de al menos uno de los interlocutores o mandato judicial.
La decisión generó críticas por parte de los medios locales, que consideraron que el fallo alentaba la corrupción, por lo que hace dos semanas el TC matizó su decisión y permitió la difusión de conversaciones interceptadas en caso de ser de interés público.
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