MADRID.- La reforma legislativa que permitirá que las
televisiones autonómicas se privaticen total o parcialmente ha sido
aprobada hoy en el Congreso con los votos favorables del grupo popular y
CiU y en contra de PSOE, PNV e Izquierda Plural.
El resultado de la votación ha sido de 194 votos a favor, 112 en
contra y 12 abstenciones, mientras que, en una votación distinta, la
práctica totalidad de la cámara se ha pronunciado a favor de hacer
expresa la protección de los menores contra contenidos que pudieran
dañar su formación y sensibilidad.
La reforma permitirá que las comunidades autónomas puedan decidir
privatizar totalmente la titularidad de su televisión autonómica o
adoptar una privatización parcial, como por ejemplo ceder a productoras
privadas la gestión de determinados programas o incluso solamente la
producción de determinados contenidos, entre ellos los informativos.
La Ley General de Comunicación Audiovisual es a partir de ahora más
flexible en cuanto a la entrada de gestión o producción privada en las
radio-televisiones autonómicas, pero incluye una prohibición expresa, la
de emitir pornografía o violencia en horario infantil.
El proyecto de modificación de la citada ley, que ya pasó por el
Congreso hace semanas, ha cambiado en su tramitación parlamentaria,
porque el Senado incorporó una enmienda, firmada por todos los grupos de
la cámara alta, para incluir esta prohibición expresa.
Los cambios introducidos en el Senado, para que los contenidos que
puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores
estén reservados al horario comprendido entre las 22.00 y las 06.00
horas y vayan precedidos de un aviso acústico y visual, han obligado a
que hoy el Congreso haya vuelto a debatir el proyecto para su aprobación
definitiva.
En el debate de esta tarde el portavoz socialista, Juan Luis Gordo,
alertó sobre el avance hacia la enajenación del servicio público de
televisión que representa la reforma.
Gordo expresó que el proyecto representa un paso atrás y que, además,
llega tarde y fuera de tiempo, lo que demuestran, por ejemplo, los
Expedientes de Regulación de Empleo en televisiones como la valenciana.
Desde el grupo popular, la diputada Macarena Montesinos defendió que
el proyecto da libertad a las comunidades autónomas para decidir cómo
quieren gestionar sus televisiones públicas y además les da un
instrumento para la estabilidad presupuestaria.
Montesinos recordó a los socialistas que ellos ya han avanzado en la
privatización en Aragón y Canarias de servicios informativos de las
televisiones autonómicas, con lo que el proyecto le da cobertura legal a
lo que ya han hecho estas comunidades.
La privatización total o parcial de las televisiones autonómicas fue
anunciada por el PP durante la campaña electoral y, tras el informe
favorable de la Comisión Nacional de la Competencia, el Gobierno anunció
que ponía en marcha el proyecto el pasado mes de abril.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció
entonces además que la gestión privada o pública de cada televisión
autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
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