MADRID.- El PP ha aceptado finalmente este miércoles en el pleno del Senado
corregir la controvertida enmienda que introdujo en el Congreso al
proyecto de reforma de la Ley Audiovisual que eliminó la prohibición
expresa de emisión en abierto de pornografía y violencia gratuita.
A través de una enmienda transaccional pactada por todos los grupos, la ley no recogerá esa enmienda del PP al artículo
7.2 que quitaba la referencia al porno y la violencia gratuita que hace
la vigente la Ley Audiovisual y que la sustituía por una consideración
más genérica, que decía textualmente que los "contenidos dirigidos
específicamente a adultos sólo podrán emitirse mediante sistemas de
acceso condicional".
Las asociaciones de telespectadores se han quejado de que se trataba de una redacción ambigua que permitiría la programación de pornografía y violencia gratuita en abierto,
y los grupos políticos se han mostrado sensibles ante ese malestar. El
nuevo redactado señala que "está prohibida la emisión de contenidos
audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico,
mental o moral de los menores y, en particular, la de aquellos programas
que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o
violencia gratuita. Aquellos otros que puedan resultar perjudiciales,
solo podrán emitirse en abierto entre las 22 y las 6 horas...".
La transaccional ha sido una sorpresa de última hora,
toda vez que hasta este mismo martes por la tarde, el portavoz del PP,
Alejandro Muñoz Alonso, aseguraba a Servimedia que su grupo no aceptaría
ninguna modificación al redactado llegado del Congreso, por entender
que la regulación del control parental de contenidos que hacía la
enmienda del PP era suficientemente clara sobre la prohibición de
contenidos en abierto.
"Pero hemos escuchado a los técnicos y al final hemos llegado a un
acuerdo", ha indicado este miércoles el senador popular. Al haberse
introducido en el Senado esta enmienda al proyecto de ley, la norma, que
flexibiliza la gestión de las televisiones públicas autonómicas y abre la puerta a su posible privatización,
no pasó como estaba previsto su último trámite parlamentario en el
pleno de la Cámara Alta y tendrá que volver al Congreso para su
aprobación definitiva.
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