CIUDAD DEL VATICANO.- El mayordomo del Papa Benedicto, acusado de utilizar su
acceso al pontífice para robar documentos que pensó revelarían la
corrupción en el Vaticano, sufrió un revés
cuando los jueces rechazaron admitir como prueba una investigación de la
propia Iglesia.
Gabriele fue detenido en mayo, después de que la
policía hallase documentos confidenciales en su apartamento dentro del
Vaticano, no sólo puso en el centro de la atención mediática las
supuestas malas prácticas sino también apuntó a una lucha de poder en
las altas instancias de la Iglesia Católica.
Paolo Gabriele, de 46 años, estaba pálido en su primera
aparición pública desde mayo, sonriendo mientras hablaba con su abogada
aunque a menudo se quedaba mirando al vacío durante la vistilla que duró
algo menos de dos horas y media.
La abogada de Gabriele, Cristiana Arru, había pedido al
tribunal que aceptase como prueba los resultados de una investigación
separada de una comisión de cardenales que cuestionaba a una serie de
empleados del Vaticano sobre las filtraciones de los documentos a los
medios de comunicación italianos.
Sin embargo, el presidente del tribunal, sentado ante
un crucifijo, rechazó la petición, diciendo que la comisión había sido
creada por el Papa, y que por tanto sus conclusiones se reservaban para
él.
A cambio, las pruebas del juicio se basarán
exclusivamente en los resultados de una investigación realizada por el
fiscal y la policía vaticana.
El tribunal también decidió separar el caso de Claudio
Sciarpelletti, un experto informático de la Santa Sede acusado de
complicidad con Gabriele. Sciarpelletti, que no estaba presente en la
sala, será juzgado aparte.
Según la acusación formal presentada en agosto,
Gabriele dijo a los investigadores que había actuado porque vio "el mal y
la corrupción en todas partes de la Iglesia" y quería ayudar a
erradicarla "porque el Papa no estaba lo suficientemente informado".
A la vistilla asistieron ocho policías del
Vaticano como testigos. Otros cuatro testigos, incluido el secretario
privado del pontífice monseñor Georg Ganswein, no estuvieron presentes
aunque se espera que testifiquen la próxima semana.
Se espera que Gabriele, un hombre modesto que servía
las comidas del Papa y le ayudaba a vestirse, dé su testimonio cuando se inicie el juicio el martes.
El juez Giuseppe Dalla Torre, que preside el pequeño
tribunal en una pequeña sala forrada de paneles de madera y con el
emblema papal en el techo, dijo que esperaba acabar con el proceso la
próxima semana.
El autodenominado denunciante, que vestía un elegante
traje de chaqueta gris claro y una corbata gris, podría ser condenado a
cuatro años de prisión.
Domenico Giani, jefe de la policía del Vaticano, dijo
al tribunal que se habían requisado 82 cajas de pruebas en el
apartamento de Gabriele en el Vaticano y en la residencia papal de
verano en el sur de Roma.
Se espera que Gabriele, que dijo que se veía a sí mismo
como un "agente del Espíritu Santo", sea hallado culpable porque ha
confesado sus delitos.
"Ha hecho daño filtrando esta información porque
siempre habrá alguien que se aproveche de estas cosas para denigrar a la
Iglesia", dijo el residente en Roma Sergio Caldari en la Plaza de San
Pedro.
Otro observador local, Giovanni Maisto, dijo que
esperaba que el juicio marcase "una nueva dimensión de apertura y
transparencia" en los asuntos de la Iglesia.
Gabriele, padre de tres niños con una vida sencilla
pero cómoda en la ciudad-estado, dijo a la policía tras su detención en
mayo que creía que un susto "podría ser algo bueno para devolver a la
Iglesia al camino correcto".
Su detención uso fin a casi cinco meses de intriga y
suspensa después de que una serie de documentos y cartas privadas fueran
publicadas por los medios italianos.
Las cartas más reveladoras fueron escrita al Papa por
el arzobispo Carlo Maria Vigano, actualmente embajador del Vaticano en
Washington, que era vicegobernador de la Ciudad del Vaticano por
entonces.
En una de ellas, Vigano se quejaba de que cuando asumió
el cargo en 2009, descubrió corrupción, nepotismo y amiguismo vinculado
a la adjudicación de contratos a empresas externas a precios inflados.
Después, Vigano escribió al Papa sobre una campaña de
desprestigio en su contra por otros altos cargos del Vaticano molestos
con su drásticas medidas para acabar con los procedimientos de compras.
A pesar de pedir que no se le apartara del Vaticano,
Vigano fue posteriormente trasladado a Washington por el secretario de
Estado, el cardenal Tracisio Bertone, número dos de la cúpula de la
Iglesia.
Dado que el estado papal no tiene prisión, Gabriele
podría cumplir su condena en una cárcel italiana a menos que el
Pontífice lo perdone.
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