Antes de ayer, de madrugada (02:30 am),
cerró Google News en español en respuesta al canon AEDE que el PP ha
impuesto con efectos del 1º de enero próximo por la presión de los
grandes periódicos (lo "grandes" es un decir) en la nueva ley sobre la
propiedad intelectual. 15 horas después, el tráfico exterior de los
medios españoles había descendido en un 15%, según se aprecia en el
gráfico públicado por Gigaom que a su vez cita un estudio de Chartbeat, una empresa de análisis de la red.
A
partir del 1º de enero todo el que enlace a contenidos de los medios
tiene que pagar, incluso aunque los medios estén en código abierto, bajo
licencia copyleft, ya que se trata, según dice la ley, de un
"derecho inalienable". La decisión de Google, por tanto, es una
respuesta movida por el interés y tiene considerable efecto porque daña
la difusión de los contenidos de los medios.
De hecho, es la experiencia
que se extrajo de la llamada tasa Google, aplicada antes en
Alemania. Dado que allí el pago no era obligatorio, Google suprimió
todos los enlaces de los medios que cobraban y, ante el descenso de
tráfico, fueron los mismos medios los que retiraron la exigencia de
cobrar. Aquí, los editores de AEDE quisieron curarse en salud e hicieron
obligatorio el canon pero, al parecer, ya están presionando al gobierno
de nuevo para que busque una solución el problema planteado por el
cierre de Google, que los daña más que el régimen de libre enlace.
Por
supuesto, el canon no afecta solo a Google sino a todos los que enlacen
a contenidos ajenos, a agregadores de noticias, sitios como Menéame
que quizá no tengan la capacidad de resistencia y presión que tiene
Google. Frente a la libre circulación de información en la red el Gobierno adopta una actitud similar a la que tiene en todo lo demás, por
ejemplo, en materia de orden público: restringir las libertades y
derechos haciendo imposible su ejercicio por vías económicas, tasas,
sanciones, multas. En la red, algo parecido.
Es
obvio que quienes elaboran contenidos deben tener una justa retribución
pero también lo es que este no es el procedimiento más adecuado porque
causa mayores perjuicios de los que evita. Si la restricción se hace por
razones económicas, empresariales, de coste beneficio, el canon habrá
de modificarse, si no suprimirse. No se trata de dejar desamparados los
derechos de autoría, pero sí de buscar una solución que no dañe
precisamente los intereses que quiere proteger.
Pero
si se hace por razones ideológicas, lo más sensato es mantener el
canon, con lo que se cerrarán innumerables sitios, el tráfico se
reducirá y se pondrá sordina a las redes sociales, un territorio de
generalizada crítica política y movilización de la ciudadanía. Es un
primer paso en la dirección que llevan todos los sistemas autoritarios:
controlar internet. Y en algunos casos en los que la afición a reprimir
se mezcla con la incompetencia, si no se puede controlar internet,
matarla.
Pero
eso es imposible. Internet son los nervios de la sociedad y no se puede
cerrar porque la sociedad se pararía en horas. Eso sin contar con que
el tráfico exterior actuaría como si el país fuera una especie de
agujero negro de la red. La red no se puede cerrar y el Gobierno hará el
ridículo una vez más.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
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